Contrabando legal: la política que destruye la producción nacional |
Es casi imposible estimar con precisión el volumen de bienes que ingresan a Colombia desde plataformas como Temu, Shein y Amazon; pero sí es indiscutible su efecto: mercancías vendidas con ventaja competitiva frente a la industria local porque, en la práctica, no pagan aranceles ni IVA en muchos casos, ni impuestos territoriales como ICA, ni contribuciones que gravan la renta empresarial.
Ese flujo de ‘microimportaciones’ —entrada masiva de paquetes de bajo valor— opera hoy como una autopista tributaria que no está en el radar fiscal ni industrial y que desangra la producción nacional.
La participación del sector manufacturero en la economía colombiana ya se ubica en torno al 35 % y continúa retrocediendo frente al crecimiento del sector servicios.
El resultado es previsible: más importaciones, menos empleo de calidad, menor valor agregado nacional y migración de renta hacia países proveedores, especialmente China, que capitaliza mercados de consumo masivo como el colombiano para elevar el nivel de vida de su propia industria exportadora.
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Las advertencias de los gremios existen, pero han sido tibias y sin seguimiento político eficaz.
La Andi ha señalado la competencia desleal derivada de esas plataformas; Inexmoda estimó la magnitud del fenómeno: “A Colombia pueden entrar más de 2 millones de envíos de Shein y Temu al mes”.
Con un valor conservador de 20 dólares por pedido, hablamos de cerca de 500 millones de dólares anuales en bienes que, en buena medida, ingresan sin contribuir a la recaudación ni a la protección de la industria local —particularmente en confecciones—. Amazon no publica cifras, pero su escala global sugiere flujos comparables.
Para la industria nacional competir contra esa “competencia” es prácticamente imposible: productos de consumo a precios que un productor colombiano no puede igualar una vez asume costos laborales, tributarios y de cumplimiento normativo.
¿Cómo competir con pantalonetas a $ 15.000, zapatos de cuero a $ 50.000 o sets de pinceles a $ 12.000, cuando la tasa de desempleo juvenil supera el 15 %? El resultado es pérdida de empresas, empleos formales y base tributaria.
La responsabilidad política es central. El Estado colombiano, mediante la normativa vigente que permite la entrada de pedidos inferiores a cierto a 200 dólares sin control fiscal estricto, facilita una forma moderna de contrabando: legal, pero devastador.
Pocos partidos o gobiernos han planteado una visión de desarrollo industrial coherente que combine control aduanero, fiscalización efectiva y apoyos a la reconversión productiva.
En la región hay respuestas distintas que sirven de contraste y lecciones prácticas:
México: desde reformas recientes, el país exige la recaudación del IVA (16 %) en ventas digitales transfronterizas y ha impuesto obligaciones de registro a plataformas y vendedores extranjeros, con el objetivo de nivelar la competencia entre comercio electrónico extranjero y comercio local.
Brasil: mantiene aranceles elevados en ciertos rubros industriales —textiles y calzado, entre otros— y políticas de protección sectorial que reducen la capacidad de importaciones masivas de bajo valor para desplazar la producción local.
Perú y Ecuador: en los últimos años han reforzado controles aduaneros sobre envíos postales y micropaquetes, endureciendo la verificación documental y la aplicación de tributos sobre ventas electrónicas internacionales para mitigar el ingreso irregular de mercancías.
Estos ejemplos muestran que se puede —y debe— actuar para proteger la base productiva. Lo que falta en Colombia no es tecnología, sino decisión política: reglamentaciones que obliguen a plataformas y vendedores extranjeros a recaudar impuestos, umbrales arancelarios revisados, mayor fiscalización de envíos postales, y mejores incentivos para la formalización y la productividad empresarial.
Bajo el gobierno actual, ni ante una eventual elección de su designado, no esperemos que el Estado corrija el rumbo y les brinde apoyos a los emprendedores y empresarios.
La campaña política actual, lejos del debate sobre temas relevantes como este, se ha negado a la discusión de las discusiones que necesita abordar el país.
Si no hay correcciones, seguiremos asistiendo a un reclamo recurrente: la clase política entregó las condiciones de competencia y, con ellas, el futuro industrial del país.
Proteger la producción nacional no es proteccionismo estéril; es defender empleo, soberanía económica y la posibilidad de un desarrollo con valor agregado propio. Los ejemplos regionales prueban que hay alternativas viables; lo que falta es voluntad política para implementarlas.