Saquemos cuentas: ¿cuánto dinero ha puesto el Gobierno en la campaña de Iván Cepeda y qué impacto real tiene ese respaldo sobre el electorado? Las cifras públicas y las declaraciones de actores políticos permiten trazar una radiografía inquietante sobre la intervención del Estado en la contienda electoral y sus efectos sobre la democracia.

Empecemos por lo más elemental: el gasto de funcionamiento. Según el desgraciadamente difunto excandidato Miguel Uribe, los contratos por prestación de servicios pasaron de 45.000 en 2021 a cerca de 75.000 en 2024 durante la administración Petro, con una inversión aproximada de 80 billones de pesos. Si redondeamos y distribuimos ese monto entre la población votante, la cifra resulta llamativa: alrededor de 1,6 millones por colombiano y unos 4 millones por votante, según el cálculo esgrimido por quienes denuncian un uso clientelar de la contratación pública. No es un detalle menor: la expansión de la contratación temporal y la proliferación de contratos por prestación de servicios configuran una red de dependencias laborales que, en periodos electorales, se traduce fácilmente en capital político.

A esto hay que añadir la contratación masiva que antecedió la entrada en vigor de la ley de garantías. La Agencia Nacional de Contratación Pública registró que........

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