Muchos de ustedes, amigos lectores, podrían alarmarse al leer el título de esta columna, y lo entiendo. Después de todo, la mayoría de los colombianos sentimos que no tenemos nada que agradecerle a nuestro incompetente presidente de la República ni a su gobierno. Por el contrario, en menos de tres años de su mandato, sus acciones han debilitado y puesto en riesgo nuestra democracia.

Sin embargo, cuando digo “gracias, Gustavo Petro”, me refiero específicamente a un fenómeno particular: la división de poderes en Colombia se ha fortalecido de manera contundente, algo que no había sucedido en ningún otro gobierno.

Colombia ha sido históricamente una República de carácter presidencialista, lo que ha llevado en numerosas ocasiones a que se confundan los límites del poder del presidente frente a los demás órganos del Estado, como la rama Judicial y la rama Legislativa. En el caso del poder Judicial, se han presentado algunas excepciones en las que la injerencia del Ejecutivo ha sido evidente, aunque menos marcada.

El verdadero problema, y uno que no es exclusivo de este gobierno, sino que se repite históricamente, está en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Por décadas, el poder del presidente sobre el Legislativo ha sido evidente: las decisiones del Congreso en torno a los proyectos de ley presentados por el gobierno solían aprobarse con mayorías aplastantes, gracias a acuerdos políticos —muchos de ellos cuestionables— que aseguraban el éxito de las propuestas del Ejecutivo.

La costumbre era clara: los parlamentarios, tanto en comisiones como en plenarias, seguían casi ciegamente la voluntad del gobierno de turno, convirtiendo sus proyectos en ley sin mayor........

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