Mediante Decreto, el presidente Gustavo Petro ha ordenado la suspensión, hasta junio de 2023, de los operativos de la Policía contra 16 integrantes de las organizaciones criminales del Clan del Golfo y los Pachenca. Entre los beneficiados de esta decisión, se encuentran cabecillas de grupos criminales como Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito, líderes del Clan del Golfo con un prontuario criminal enorme, con procesos de investigación activos por parte de la Justicia colombiana y, en el caso de Chiquito Malo, con solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Son ellos, además de responsables de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, quienes estuvieron detrás del paro armado y las acciones terroristas del año pasado desatadas por la extradición de alias Otoniel.
Cumpliendo con la Constitución y la ley, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se negó a levantar estas órdenes de captura de integrantes de organizaciones criminales y expresó que “no podemos tener Caguanes en Colombia”. Barbosa ha dicho en otras ocasiones que la Fiscalía apoya la ‘paz total’; incluso, desde la institución, ya se suspendieron 18 órdenes de captura en contra de líderes del ELN y hasta de las disidencias de las Farc. Sin embargo, explicó acertadamente el fiscal, tiene que haber unos límites, ya que las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son organizaciones criminales y no tienen un carácter político.
El fiscal Barbosa también mencionó recientemente que este decreto no fue conversado ni informado desde el Gobierno nacional, evidenciándose una vez más la improvisación, desarticulación e irresponsabilidad del Gobierno al anunciar importantes decisiones sin un norte claro, que afectan, entre otros, la confianza y la seguridad nacional. Somos muchos los preocupados por esta decisión que deja indefensos a los colombianos. De hecho, la Justicia de los Estados Unidos está realizando seguimiento a este decreto que beneficia a líderes de organizaciones criminales que históricamente se han dedicado al narcotráfico y que incluso tienen solicitud de extradición por parte de este país. ¿Qué posible justificación o, siquiera, explicación hay detrás de esto? Todo es realmente sospechoso, pues no se trata de dar beneficios a quienes, sin otras opciones de vida, terminaron envueltos en el mundo del crimen. No. Se trata de beneficiar a los líderes que, de manera muy consciente y sin causas políticas o sociales, han hecho demasiado daño. ¿Paz total o paz mafiosa?
Frente a este preocupante panorama, insisto de nuevo en que la política de Estado de la paz no debe darse a discrecionalidad exclusiva de Petro, sino que debe establecer unos mecanismos claros que respeten la independencia de poderes, se ajusten al Estado de derecho y atiendan al ordenamiento jurídico que establece muy bien las diferencias entre grupos armados organizados al margen de la ley, que tienen un carácter político y con quienes es posible establecer diálogos para llegar a un acuerdo de paz; y entre estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, o estructuras criminales, con quienes es posible hacer acercamientos e iniciar conversaciones para lograr su desmantelamiento y sometimiento a la justicia, siempre y cuando demuestren voluntad para dejar las armas, reparar a las víctimas y transitar hacia la legalidad.
Con los decretos presidenciales para el cese al fuego con organizaciones ilegales, se abre la posibilidad de hacer acercamientos con múltiples actores criminales, entre esos el Clan del Golfo, que tiene más de 3.000 integrantes y una presencia perversa en cerca de 22 departamentos del país. Pero, al parecer, lo que se pretende no es desarticularlos ni someterlos a la justicia, sino darles un carácter político del que carecen, favoreciéndolos descaradamente. Toda una feria de impunidad por decretos y resoluciones, sin ningún tipo de control, verificación, ni seguridad jurídica.
El fiscal tiene toda la razón al no suspender las órdenes de captura de integrantes de organizaciones criminales, poniendo la Constitución y la ley sobre los intereses del Gobierno de Petro. En este sentido, hago un llamado a todos los políticos a los que el pueblo colombiano ha elegido y a todos los funcionarios para que protejan la institucionalidad democrática de quienes la quieren pasar por alto y velen por los intereses generales de los colombianos, en especial de la gente que no tiene tranquilidad y se encuentra indefensa frente a los asesinatos, las extorsiones, las amenazas, los desplazamientos y las actividades delictivas de estas organizaciones criminales, que no han dejado de hacer daño a nuestro país.
Mediante Decreto, el presidente Gustavo Petro ha ordenado la suspensión, hasta junio de 2023, de los operativos de la Policía contra 16 integrantes de las organizaciones criminales del Clan del Golfo y los Pachenca. Entre los beneficiados de esta decisión, se encuentran cabecillas de grupos criminales como Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito, líderes del Clan del Golfo con un prontuario criminal enorme, con procesos de investigación activos por parte de la Justicia colombiana y, en el caso de Chiquito Malo, con solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Son ellos, además de responsables de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, quienes estuvieron detrás del paro armado y las acciones terroristas del año pasado desatadas por la extradición de alias Otoniel.
Cumpliendo con la Constitución y la ley, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se negó a levantar estas órdenes de captura de integrantes de organizaciones criminales y expresó que “no podemos tener Caguanes en Colombia”. Barbosa ha dicho en otras ocasiones que la Fiscalía apoya la ‘paz total’; incluso, desde la institución, ya se suspendieron 18........
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