El pacto de La Picota: promesa cumplida |
Para entender por qué hoy Colombia está contra las cuerdas, hay que volver al origen: el pacto de La Picota. Lo que durante la campaña de 2022 se denunció como una negociación en las sombras con criminales terminó convirtiéndose en el plan de gobierno de estos cuatro años. La llamada paz total no fue otra cosa que la institucionalización de ese pacto: beneficios para los violentos a cambio de un respaldo que hoy, al final del cuatrienio, se siente en cada rincón del país. Dos nombres encarnaron ese modelo: Danilo Rueda y Otty Patiño. Dos comisionados que, en lugar de representar los intereses de los colombianos en una mesa de negociación, han actuado como garantes de la impunidad de los grupos armados: avalando sus listados, firmando beneficios y blindando a sus cabecillas frente a la acción de la justicia. El mismo Patiño que afirmó que los menores de edad se vinculaban a los grupos armados por voluntad propia —una mentira infame que despoja a las víctimas de su condición para proteger a sus victimarios— es quien hoy firma la resolución que suspende las órdenes de captura a los cabecillas del Clan del Golfo.
El balance de estos cuatro años es desolador. Bajo el amparo de la Ley de Paz Total, el gobierno Petro ha suspendido las órdenes de captura de 205 integrantes y cabecillas de grupos armados. Hasta ayer, 81 de esas suspensiones seguían vigentes, distribuidas así: alias “Calarcá”: 35 miembros del Estado Mayor Central; 11 de la Segunda Marquetalia; 10 de la........