¿Tienen los pobres «derecho a tener derechos»? |
A pocas horas de la llegada del papa León XIV a Madrid, Isabel Díaz Ayuso convirtió el debate sobre la regularización de personas migrantes en una escena casi perfecta de nuestra confusión moral. La presidenta madrileña se burló de la izquierda por haberse vuelto, de pronto, «capillita», como si la apelación al cristianismo en defensa del extranjero pobre fuera una impostura sentimental, una maniobra oportunista o una ingenuidad fuera de lugar. Pero el problema no estaba en la sinceridad religiosa de sus adversarios. El problema estaba en la frase que ella misma eligió para definir la regularización: «importar pobreza masiva».
La expresión es relevante porque no rechaza solo una medida administrativa. Condensa una visión del mundo. El migrante no aparece allí como una persona que trabaja, forma parte de una vecindad, tiene familia, es creyente o no, estudia, cuida, es camarero o albañil, empleada doméstica o cuidadora de otras personas vulnerables. No. Aquí el migrante aparece como «pobreza importada», como amenaza que llega desde fuera para deteriorar o corromper un orden que se presupone propio, legítimo y amenazado desde la exterioridad. La pobreza deja de ser una relación social producida por estructuras económicas, laborales, políticas y urbanas. Se convierte en atributo del extranjero. El pobre no es alguien empobrecido; es alguien que trae pobreza consigo.
La escena resulta aún más significativa por su marco religioso. Una parte de la derecha española conserva el cristianismo como patrimonio cultural, como marca civilizatoria, como reserva simbólica frente a la secularización, el islam, el progresismo o la pérdida de identidad nacional. Pero cuando el cristianismo se traduce en una exigencia concreta ante el extranjero pobre, cuando deja de funcionar como bandera cultural y comienza a interpelar políticamente la organización de la comunidad, se vuelve incómodo. Entonces aparece la burla: los demás son «capillitas», «más papistas que el papa», ingenuos que no entienden la dureza del mundo real.
Ahora bien, no se trata de juzgar la fe de nadie. La cuestión es otra: ¿qué ocurre con una derecha que invoca la herencia católica como identidad, pero se incomoda cuando esa misma herencia le recuerda la presencia del pobre, del extranjero y del vulnerable? ¿Qué ocurre cuando una sociedad que se dice heredera del cristianismo convierte al migrante pobre en amenaza y al migrante rico en oportunidad?
La derecha no está simplemente contra la migración. Esta es la primera simplificación que conviene evitar. La derecha contemporánea no rechaza toda movilidad humana, ni toda llegada de extranjeros, ni toda instalación de población procedente de otros países. Lo que rechaza, de manera selectiva, es la migración pobre cuando aparece como sujeto de derechos. Acepta, en cambio, con entusiasmo la migración que llega con capital económico, inversión inmobiliaria, afinidad ideológica, consumo de lujo, utilidad laboral o capacidad y voluntad de integrarse de manera subordinada en los segmentos que la economía necesita.
Por eso el discurso antiinmigratorio nunca es realmente un discurso contra la migración en abstracto. Es un discurso de clasificación. Separa al extranjero aceptable del extranjero sospechoso. El primero invierte, compra, emprende, comparte determinados códigos culturales, se presenta como víctima de los enemigos políticos adecuados y no cuestiona la jerarquía social existente. El segundo trabaja en los sectores peor pagados, necesita vivienda, acude a la sanidad, escolariza a sus hijos, pide regularización y reclama no ser tratado como fuerza de trabajo desechable. El primero es presentado como dinamizador de la economía, mientras el segundo es tratado como una carga.
El punto decisivo es que ambas figuras pueden proceder del mismo continente, hablar la misma lengua y compartir una misma religión. No basta, por tanto, con explicar el problema en términos culturales. No se trata solo de identidad nacional, choque de costumbres o diferencia religiosa. Se trata de clase, derechos, racialización, precariedad y pertenencia política.
La derecha madrileña sabe perfectamente que necesita trabajadores extranjeros. Sabe que los migrantes sostienen sectores fundamentales de la economía. Sabe que la construcción, los cuidados, la hostelería, la limpieza, el servicio doméstico, la agricultura, el reparto y muchos pequeños comercios dependen en gran medida de población migrante. Por eso puede defender, en un mismo movimiento, la necesidad de los extranjeros y la peligrosidad de regularizarlos. Como trabajadores son útiles. Como sujetos de derechos se vuelven problemáticos.
Esta es la contradicción que debe ser analizada: el migrante es bienvenido mientras permanece en el lugar funcional que se le asigna. Cuando reclama reconocimiento jurídico, estabilidad administrativa, derechos sociales y pertenencia política, deja de ser mano de obra necesaria y se convierte en amenaza.
El discurso sobre la migración suele apoyarse en una imagen falsa del mercado de trabajo. Se imagina la economía como una fila única, con un número fijo de puestos, en la que cada persona que llega desde fuera desplaza automáticamente a alguien que ya estaba dentro. Desde esa perspectiva, la migración solo puede ser interpretada como competencia, presión salarial o deterioro de los servicios públicos.
Pero esa imagen es simplista. La economía real no funciona como una fila inmóvil. Los........