¿A quién representa la ministra Yasmín Esquivel con su propuesta de restringir el interés legítimo de las asociaciones ambientalistas para promover amparos en defensa del medio ambiente?

Hoy día, cabe iniciar con esa pregunta, porque la ministra es una funcionaria votada. Obviamente se dirá que no puede responder a los intereses de su electorado, difíciles de conocer y precisar. Pero en mi opinión, tampoco se podrá defender que su propuesta para resolver la contradicción de criterios 217/2021 representa un acercamiento de la justicia favorable a la población.

Su proyecto, por el contrario, y que quedó pendiente de votación en la sesión de ayer jueves, conlleva que las organizaciones que se han fundado para defender el medio ambiente, tendrán muy pocas posibilidades de litigar amparos exitosos para exigir el respeto al derecho a un medio ambiente sano y el cuidado de nuestros ecosistemas y demás seres vivos del planeta.

Con eso en mente, me parece que tiene importancia exhibir las malas razones que sustentan su proyecto.

Primera falacia: si se reconoce amplio interés legítimo a las organizaciones para defender el medio ambiente, el Poder Judicial se verá saturado de amparos. Esa suposición es suya, es sólo eso.

No tiene diagnóstico alguno que la sustente y sí parte de una creencia improbable: que a la gente le sobra el tiempo para presentar demandas frívolas para complicar a los pobres juzgados y tribunales de amparo.........

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