Cada proceso electoral pone a prueba no sólo a los partidos políticos, sino a las instituciones y a quienes administran recursos públicos. De cara al inicio del proceso electoral de 2026, el uso responsable del dinero público vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, porque no se trata de una recomendación ética, sino de una obligación constitucional.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: los recursos económicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, siempre con el propósito de generar beneficios colectivos. Estos principios no admiten excepciones, mucho menos en........

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