En los últimos días se presentó un decreto que, según el discurso oficial, inaugura una nueva etapa de transparencia y máxima publicidad en México. Se habló de apertura, innovación y de un gobierno más cercano a la ciudadanía.

Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento tanto el decreto como el funcionamiento actual de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la pregunta obligada es otra: ¿realmente estamos avanzando o simplemente se está presentando como novedoso lo que ya existía?

La publicación de programas anuales de auditoría, la difusión de contratos públicos, la transparencia proactiva e incluso el principio de máxima publicidad no nacieron con este decreto. Todos forman parte del marco jurídico mexicano desde hace años. Cumplir la ley nunca debe presentarse como una concesión del gobierno; es la obligación mínima de cualquier autoridad.

Durante más de dos décadas México construyó uno de los sistemas de transparencia más robustos de América Latina. Leyes, criterios, órganos garantes, plataformas tecnológicas y herramientas digitales permitieron que millones de personas ejercieran su derecho a saber.

La mejor prueba de ello es la propia Plataforma Nacional de Transparencia.

Hasta marzo de 2025 concentraba:

·      Más de 10.3 millones de solicitudes de información.

·      Cerca de 433 mil recursos de revisión.

·      Más de 15 mil millones de registros de obligaciones de transparencia.

·      Y 34.5 millones de consultas realizadas por ciudadanos en sus distintos buscadores.

Estas cifras desmienten cualquier idea de que se trataba de una plataforma inservible. Al contrario: evidencian que era una herramienta ampliamente utilizada por periodistas, investigadores, estudiantes, organizaciones civiles y millones de ciudadanos para ejercer un derecho constitucional.

Toda plataforma tecnológica puede mejorar. De hecho, debe hacerlo constantemente. Pero mejorar no significa........

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