Desde 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la fiscalización de plataformas digitales nacionales y extranjeras. La medida buscó regular actividades que hasta entonces operaban en una zona gris en términos de recaudación, como el transporte, el alojamiento, el streaming o el comercio electrónico. Desde entonces, las plataformas deben registrarse ante el SAT, recaudar el IVA correspondiente y presentar reportes detallados sobre sus operaciones con usuarios mexicanos.

Sin embargo, con la reciente aprobación del nuevo Código Fiscal de la Federación (CFF) y la publicación de disposiciones más rigurosas, el SAT podrá exigir más información sobre usuarios, transacciones y métodos de pago, sin que exista una regulación paralela sólida que garantice la protección efectiva de los datos personales.

El problema no es la fiscalización. Es legítimo que el Estado cuente con mecanismos de control y auditoría para evitar la evasión fiscal, especialmente en un entorno digital en expansión. Siempre apostamos por la rendición de cuentas y la equidad entre grandes, medianos y pequeños contribuyentes. Pero ¿qué pasa con los datos personales y las medidas de seguridad que deben protegerlos? Lo........

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