En la reciente Convención Nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció (sin que nadie se lo pidiera explícitamente) una invitación formal para que la cúpula de la radiodifusión dialogue con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y revise “los tiempos que tanto les importan: los mensajes de los partidos, su duración, su impacto en los medios y en la audiencia”.

La escena fue celebrada con aplausos por la CIRT. La mandataria subrayó que su gobierno está “totalmente abierto a escuchar y construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información”. El gesto no es un diálogo inocuo, huele a una tregua política, a un guiño institucional que confunde la democracia y el derecho a la información con la cooptación de la opinión pública.

Sheinbaum constituyó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez y que agrupa a figuras del gabinete y del círculo de confianza de la Ejecutiva, entre ellas Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy, además de otros colaboradores con peso institucional, como José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esa comisión tiene la facultad de proponer cambios electorales profundos que pueden comprometer la autonomía del INE, la permanencia de los legisladores plurinominales y ahora sabemos que la revisión de los tiempos oficiales que el Estado utiliza en radio y televisión. La invitación a la CIRT no puede leerse sino como un paso para congraciarse con la cúpula de la radiodifusión, modular la narrativa pública y debilitar aún más a la oposición partidista.

No es la primera vez que el Poder Ejecutivo y la radiodifusión acuerdan reducir los “tiempos oficiales”. Éstos están conformados por el “tiempo fiscal” (11 minutos en TV y 21 minutos en radio, decreto de Hacienda........

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