Es innegable que desde hace mucho urgÃa una reforma del Poder Judicial. Lo exigÃa su opacidad, su corrupción y la ausencia de justicia que a lo largo de muchos sexenios se ha expresado en una impunidad que no desciende del 90%. Por desgracia llegó tarde y de la peor manera. La iniciativa, que forma parte de otras 19 enviadas por López Obrador a la Cámara de representantes el 5 de febrero y que estará o se habrá ya discutido cuando aparezca este artÃculo, tiene graves problemas de origen. Los pone de manifiesto el amplio informe que la Relatora Especial de la ONU emitió el 29 de julio. Dicho documento sostiene que de llegar a aprobarse la iniciativa del presidente sin modificaciones sustanciales se destruirÃa la independencia de ese poder del Estado. La elección popular de los jueces sin reglas claras, la creación de tribunales de disciplina judicial, la ampliación de las causales de juicio polÃtico, entre otras, someterÃa al Poder Judicial a los caprichos de la presidencia y del partido hegemónico.
Esto es verdad y habrá que esperar que la reforma avance por caminos que puedan acotar las ansias despóticas de un presidente al que el poder pudrió.
Pero aun si asà fuera, el fondo del problema es mucho más grave y complejo. Por más profunda y seria que pueda llegar a ser la reforma al Poder Judicial âuna reforma que dada su envergadura tardará mucho tiempo en aplicarse de manera plenaâ, no conducirá a nada sin una reforma del mismo calado de las fiscalÃas, la otra cara de la justicia y el........