Es innegable que desde hace mucho urgía una reforma del Poder Judicial. Lo exigía su opacidad, su corrupción y la ausencia de justicia que a lo largo de muchos sexenios se ha expresado en una impunidad que no desciende del 90%. Por desgracia llegó tarde y de la peor manera. La iniciativa, que forma parte de otras 19 enviadas por López Obrador a la Cámara de representantes el 5 de febrero y que estará o se habrá ya discutido cuando aparezca este artículo, tiene graves problemas de origen. Los pone de manifiesto el amplio informe que la Relatora Especial de la ONU emitió el 29 de julio. Dicho documento sostiene que de llegar a aprobarse la iniciativa del presidente sin modificaciones sustanciales se destruiría la independencia de ese poder del Estado. La elección popular de los jueces sin reglas claras, la creación de tribunales de disciplina judicial, la ampliación de las causales de juicio político, entre otras, sometería al Poder Judicial a los caprichos de la presidencia y del partido hegemónico.

Esto es verdad y habrá que esperar que la reforma avance por caminos que puedan acotar las ansias despóticas de un presidente al que el poder pudrió.

Pero aun si así fuera, el fondo del problema es mucho más grave y complejo. Por más profunda y seria que pueda llegar a ser la reforma al Poder Judicial –una reforma que dada su envergadura tardará mucho tiempo en aplicarse de manera plena–, no conducirá a nada sin una reforma del mismo calado de las fiscalías, la otra cara de la justicia y el........

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