En una rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declararon que por sí, y sin intervención de la presidenta de la República, dispusieron la entrega de 29 reos mexicanos a las autoridades de Estados Unidos para que fueran sometidos a procesos penales. Ellos mismos reconocieron, de manera expresa, que la entrega se hizo sin mediar intervención judicial.

Si eso es cierto, es evidente que usurparon facultades que no les corresponden y que, por ese hecho, en un país de leyes sería motivo para que su superior destituyera a uno (artículo 89, fracción II de la Constitución) y removiera al otro, ya que se han presentado las causas graves a que hace referencia la fracción IV del apartado A del artículo 102 constitucional. No pasará nada. México ha dejado de ser un país en el que se respeten las leyes; se ha convertido en un lugar de arbitrariedad y, en el mejor de los casos, de caprichos.

El fiscal general, en una rueda de prensa celebrada el día 27 de febrero último, afirmó que la entrega de los reos se hizo con base en el artículo 89 constitucional, el artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo.

Ahora resulta que esos funcionarios pueden, por sí, ejercer las facultades que la Constitución confiere de manera privativa a la presidenta de la República y que ellos mismos pueden ejecutar las leyes, responsabilidad que corresponde a la presidenta (artículo 89, frac. I) y aplicar una Convención, que evidentemente es contraria al artículo 119 constitucional.

Paso a explicarme:

Por mandamiento constitucional, tanto el secretario de Seguridad Pública como el fiscal estaban obligados a fundar y motivar su actuación en el caso de la entrega de los........

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