CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Estando próximo el informe presidencial, era previsible que se diera la aprehensión de “un pez gordo”. Hacerlo tuvo efectos múltiples: demostrar que se está trabajando, que ya no hay privilegios y que ahora sí se está haciendo justicia, sin importar el rango. De paso se amedrentó a uno que otro priista con vista a las reformas legales a discutir y a las elecciones a realizar próximamente.

Los panistas, por ahora, están a salvo. No se confíen, para el próximo informe, anual, mensual o semanal, o para una futura crisis de credibilidad, el peso de la justicia, que es ciega, pudiera recaer sobre uno de ellos.

Algunos vieron la detención como algo propio de AMLO: un distractor ante la crisis de inseguridad, la inoperancia de la actual administración pública federal y lo elevado de la inflación. Había que hacer la aprehensión con escándalo y estar referida a un miembro connotado de la administración de Peña Nieto.

La noticia inicial aludió al hecho de que la detención de Jesús Murillo Karam se debía a delitos en los que difícilmente pudo haber intervenido. Finalmente, al hacerse la consignación, la lista se redujo a tres: contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.

El ilícito de actuar contra la administración de justicia es genérico; todo y nada cabe dentro de él. El de tortura es muy difícil, si no imposible, que lo haya cometido u ordenado un procurador general. Habrá que probarlo. En cuanto al de desaparición forzada, es un delito que pudiera ser atribuido a otros, no a él. Era más factible acusarlo de encubrimiento.

Todo apunta en el sentido de que el detenido pasará algunos años en prisión. ¿Por qué no?, privar de la libertad a los disidentes fue un recurso de los priistas para tener controlados a los opositores. Recordando ese antecedente y el miedo que provoca en ellos la persona de Alejandro Gertz Manero, hicieron mutis. Se resignaron. No sacaron ningún desplegado en su defensa. Si lo hicieron, no lo vi.

Cuando AMLO habla de que espera que Murillo Karam se atenga al beneficio de oportunidad, no busca elementos para procesar a Peña Nieto; contra él tiene para dar y prestar. Actuará cuando las cosas se pongan muy delicadas, necesite ganar votos, sobre todo en el Estado de México, o para impedirle que intervenga en ese proceso. Sus tiros apuntan más abajo, pero no tanto: procura la colaboración del detenido para proceder contra Miguel Osorio Chong y otros priistas; quiere doblarlos con el fin de que colaboren en la aprobación de las reformas legales que presentará y “se dejen caer” en las próximas elecciones.

El mensaje también lo captaron las antenas de Alfredo del Mazo. Si pensaba imponer a un sucesor, a partir de la aprehensión, lo va a pensar dos veces. Si tenía la intención de echarle “todos los kilos” para ganar la elección, lo debe pensar más de tres veces. Le conviene entregar la plaza rapidito y de buen modo o, como dice el dicho: “flojito y cooperando”.

La acusación de que es objeto el exprocurador, por falta de elementos, vía apelación o amparo, es factible que se venga abajo y que alcance su libertad una vez pasado el informe presidencial, pero el golpe mediático ya está dado; surtió sus efectos plenamente: algunos priistas corrieron a esconderse, otros, los que menos cola tienen que les pisen, están dispuestos a aceptar una embajada o, en el peor de los casos, un consulado.

El ejercicio de la acción penal en contra de diferentes actores políticos ha evidenciado que, a pesar de lo que dispone el texto constitucional, el fiscal general de la República ha sacrificado la autonomía de la institución y se ha puesto a disposición del presidente de la República. Lo ha hecho, principalmente, para consolidar y dar permanencia a su proyecto político.

Por ser la prisión un instrumento de sometimiento, es de dudarse que sea aprobado por la Suprema Corte el proyecto del ministro Luis María Aguilar en el sentido de que la prisión es atentatoria del principio, internacionalmente reconocido, de que en los procesos penales debe prevaler el principio de presunción de inocencia, por lo que, por regla general, los reos deben enfrentar sus procesos en libertad.

Aparte de las razones que los voceros oficialistas y especialistas han invocado en el sentido de que la Corte carece de competencia para declarar anticonvencional el artículo 19 constitucional, los ministros opuestos al proyecto de Aguilar tendrán una buena razón para rechazarlo y para que subsista la prisión preventiva: la reforma al artículo primero constitucional, por virtud de la cual se dio el mismo rango que la Constitución al derecho convencional en lo relativo a derechos humanos, se publicó en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011; en cambio, la que prevé la prisión preventiva por un crecido número de delitos se publicó el 12 de abril de 2019; es decir, es posterior, lo que indica un cambio de criterio en la materia.

Por esta reforma, el Estado Mexicano estaría obligado a formular una reserva o a retirarse de la Convención. La actual administración federal por nada puede permitir que se le prive de ese elemento de sometimiento que usa a discreción.

La aprehensión de Murillo Karam evidenció la coordinación que existe entre las autoridades federales y la Fiscalía General. Estando próximo el aniversario del sacrificio de los 43 estudiantes normalistas y el informe presidencial, “por una feliz coincidencia”, el subsecretario Alejandro Encinas rindió un informe señalando posibles responsables y la Fiscalía tenía listo el expediente abierto al exprocurador para judicializarlo.

En el informe aparecen como posibles indiciados militares: altos, medios y tropa; no se ha hablado de llamarlos a declarar ni de que se haya solicitado a la autoridad judicial libre órdenes de aprehensión. Se hará cuando sea mediáticamente aconsejable. Su detención tal vez se esté pensando con cuidado por aquello del fuero militar y de la pertenencia a un cuerpo colegiado que es uno de los empresarios más importantes del país. Estas son circunstancias que no pueden ignorarse al momento de tomar una determinación. El general Salvador Cienfuegos puede estar tranquilo.

Son de esperarse nuevas noticias que ocupen las primeras planas. A los priistas y panistas más les vale que pongan sus barbas a remojar; que hagan actos dignos de arrepentimiento; recuerden el proverbio árabe: “La mano que no puedas escupir, bésala”. Haciendo de tripas corazón, de rodillas, besen la mano de AMLO, pidan perdón y prometan hacer lo que él les ordene.

Este análisis forma parte del número 2392 de la edición impresa de Proceso, publicado el 21 de agosto de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

QOSHE - El uso de la justicia con fines partidistas - Elisur Arteaga Nava
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El uso de la justicia con fines partidistas

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06.09.2022

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Estando próximo el informe presidencial, era previsible que se diera la aprehensión de “un pez gordo”. Hacerlo tuvo efectos múltiples: demostrar que se está trabajando, que ya no hay privilegios y que ahora sí se está haciendo justicia, sin importar el rango. De paso se amedrentó a uno que otro priista con vista a las reformas legales a discutir y a las elecciones a realizar próximamente.

Los panistas, por ahora, están a salvo. No se confíen, para el próximo informe, anual, mensual o semanal, o para una futura crisis de credibilidad, el peso de la justicia, que es ciega, pudiera recaer sobre uno de ellos.

Algunos vieron la detención como algo propio de AMLO: un distractor ante la crisis de inseguridad, la inoperancia de la actual administración pública federal y lo elevado de la inflación. Había que hacer la aprehensión con escándalo y estar referida a un miembro connotado de la administración de Peña Nieto.

La noticia inicial aludió al hecho de que la detención de Jesús Murillo Karam se debía a delitos en los que difícilmente pudo haber intervenido. Finalmente, al hacerse la consignación, la lista se redujo a tres: contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.

El ilícito de actuar contra la administración de justicia es genérico; todo y nada cabe dentro de él. El de tortura es muy difícil, si no imposible, que lo haya cometido u ordenado un procurador general. Habrá que probarlo. En cuanto al de desaparición forzada, es un delito que pudiera ser atribuido a otros, no a él. Era más factible acusarlo de encubrimiento.

Todo apunta en el sentido de que el detenido pasará........

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