Cada temporada de lluvias en Colombia deja el mismo saldo: inundaciones, vías colapsadas, puentes en riesgo, acueductos fuera de servicio, comunidades aisladas y una sensación colectiva de déjà vu institucional. 

La actual ola invernal no es la excepción. Deslizamientos en corredores estratégicos como la vía al Llano, emergencias recurrentes en Chocó, Antioquia, Santander, Nariño, Córdoba y Cauca, afectaciones en redes de drenaje urbano y daños a infraestructura crítica confirman una realidad incómoda: el país sigue gestionando el riesgo de forma reactiva, fragmentada y sin una política clara de resiliencia. 

Poner estos hechos en blanco y negro es una obligación técnica y ética. Y, lo es preguntarnos, sin rodeos, qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para mitigar y, sobre todo, prevenir. Porque la lluvia no es el problema. 

El problema es la forma en que diseñamos, mantenemos, gobernamos y priorizamos nuestra infraestructura. Colombia es uno de los países más expuestos a amenazas naturales en la región. Eso no es nuevo. Lo que sí resulta preocupante es que, año tras año, seguimos actuando como si cada evento fuera imprevisible. 

Según el Banco Mundial, Colombia enfrenta una alta exposición tanto a amenazas geofísicas como hidrometeorológicas, con una tendencia ascendente en la ocurrencia de desastres. Entre 1914 y 2018, las inundaciones representaron el 31,4% de los eventos registrados y los deslizamientos el 19,5%, lo que confirma la recurrencia y la concentración territorial del riesgo.

Aún más preocupante: en promedio, los desastres en Colombia causan alrededor de 160 muertes y destruyen unas 2.800 viviendas cada año, afectando de manera desproporcionada a los hogares más pobres y a la infraestructura esencial. Cuando el evento es extremo, los impactos se........

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