Los grandes proyectos que se desarrollan en el país, muchos de ellos con retrasos significativos que comprometen su ejecución, no enfrentan únicamente retos de operativos, retraso en trámites gubernamentales, conflictividad social por causas ambientales o falta de comprensión local de los beneficios que reportan al interés nacional.

En las conversaciones producto de la confianza construida en el trabajo comunitario, las comunidades refuerzan que su oposición a grandes proyectos se manifiesta, en el fondo porque el modelo no les incluye. Cambian los sectores y las narrativas, persiste el mismo relato: las inversiones llegan, la riqueza sale, mientras las oportunidades de crecimiento económico y social son temporales o limitadas.

En Colombia, además de otras crisis apremiantes como la de seguridad territorial, enfrentamos una profunda crisis de inclusión económica y nuestra práctica institucional y jurídica contribuyó a esa dinámica al concentrar la participación comunitaria en proyectos de explotación de recursos naturales en la mitigación del daño y en la compensación de impactos, mientras algunos marcos normativos como el Convenio 169 de la OIT establecieron el derecho de las comunidades a “participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades”.

Por eso, si bien ha sido históricamente una........

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