Existe una política de paz y de seguridad de gran efectividad que no hemos intentado aún en Colombia: la justicia criminal.

Durante el conflicto armado interno, la necesidad de una respuesta de contención y represión militar pocas veces estuvo en duda. La represión judicial de un conflicto como el que se vivió en Colombia no era viable, ni siquiera en los noventa, ante la intimidación a los jueces de las organizaciones armadas y la gran capacidad de reemplazo y reproducción de su jerarquía que lograron con sus estructuras militares. La deriva autoritaria de los setenta deslegitimó por décadas la justicia antiguerrillera; por lo demás, tal vez el único caso exitoso de superación de un conflicto violento interno mediante represión judicial fue el de ETA en España. 

Las negociaciones de paz que se iniciaron en los ochenta no se explican por un éxito, ni siquiera parcial, de esa represión judicial de finales de los setenta: más bien por el agotamiento ideológico y fáctico del modelo socialista, que dejó en incapacidad financiera a las guerrillas. 

En esas negociaciones perdimos la oportunidad de lograr la paz, en buena parte por el recurso a la extorsión, el secuestro y la naciente industria del cultivo, fabricación industrial y tráfico de cocaína. Los acuerdos de paz que fueron exitosos lo fueron en parte por la tardía voluntad de abandonar la violencia en la jerarquía de algunos grupos. El papel de la justicia en esos acuerdos no fue represivo ni de transición: fue de perdón, una injusticia total frente a las víctimas. 

Las negociaciones con los grupos de crimen organizado ligados al narco, conocidos como paramilitares, al igual que con la hoy extinta guerrilla de las Farc, trajeron el fin del conflicto armado contra el Estado y entre paramilitares y guerrilla, pero no redujeron la violencia al promedio de la región ni trajeron seguridad: la violencia armada del crimen organizado estaba consolidada y era más que mayoritaria: 70% de la violencia homicida como instrumento del crimen se alcanzó desde los noventa. 

La justicia de la JEP es de transición y en Justicia y Paz de sometimiento limitado. Ante la imposibilidad de negociar, de nuevo, con el crimen organizado, y la imposibilidad humana de reprimirlo con la fuerza, podemos intentar una justicia efectiva contra el crimen: hoy sí podemos proteger a los jueces, contamos con nuevas y baratas herramientas tecnológicas e informáticas, y hay un Congreso sin la presencia de grupos armados violentos que puede proveer herramientas normativas que han funcionado en otros países. Nótese que ni la justicia auxiliar de la extradición a Estados Unidos es tan efectiva como antes. 

Aunque faltan normas, tecnología, policía judicial, gestión e inteligencia, la principal carencia es la voluntad en el Gobierno Nacional para someter y desmantelar el crimen organizado —el violento y el no violento—, lo que requiere su separación e independencia del crimen. El problema es la seguridad, pero la solución más eficaz es la justicia para los criminales, no el diálogo ni la negociación con ellos.

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