Todavía se desconocen los reales efectos sobre el recaudo del impuesto de renta generados por la reforma tributaria de 2022, porque sólo este año se presentan las declaraciones de renta de 2023, cuando empezó a regir.

Sin embargo, el Gobierno ya anuncia una contra reforma, que según sus voceros tiene mucho de arrepentimiento, en la medida que uno de los cambios importantes anunciados consistiría en reducir el impuesto de renta de las sociedades, que fue elevado en la más reciente. No así para las personas naturales, cuyas cargas, como se volvió costumbre, serían nuevamente incrementadas.

Algunos de los aspectos comentados en los medios merecen precisiones. Por ejemplo, se dice que, respecto al fallo de la Corte sobre la deducibilidad de las regalías, hay que esperar para determinar si el recaudo obtenido en 2023 debe ser devuelto a las empresas, porque el Ministerio de Hacienda solicitó que se module la sentencia para que no se tenga que devolver lo recaudado, bajo el argumento del impacto fiscal. Pero sucede que la presentación de las declaraciones de renta y los pagos del año gravable 2023 se hacen sólo en 2024 (salvo los anticipos previstos en las normas) y estas declaraciones ya reflejan los impactos del fallo de la Corte.

Señala el ministro de Hacienda que las empresas tienen una gran cantidad de activos que no son productivos, pero que los incluyen dentro de sus patrimonios para reducir impuestos -sin indicar cuál es la fórmula-. Propone, entre otras soluciones, que los bienes no productivos no figuren como propiedad de las sociedades sino de sus socios o accionistas. Valga anotar que la libre empresa y el derecho de asociación son características ineludibles de la democracia; no es posible anticipar cómo el Gobierno pudiera regular la propiedad de los bienes de los ciudadanos o su titularidad.

Siguiendo la idea expresada por el funcionario, separar la tributación de los activos productivos y los improductivos llevaría probablemente a la creación de nuevas rentas presuntivas o algo similar a los impuestos patrimoniales, que ya se han experimentado sin éxito en Colombia. Pero el Estado no puede intervenir en las decisiones de los socios o accionistas, con relación a los bienes adquiridos legítimamente.

Por otra parte, si bien es cierto que el control tributario se ha dificultado, en la medida que la tecnología facilita los mecanismos de evasión, de la misma manera la administración tributaria cuenta con tecnologías avanzadas para optimizar sus programas de fiscalización.

Al Gobierno ya se le hizo tarde para crear, discutir y convertir en ley otra reforma tributaria. Lo que se apruebe en materia del impuesto sobre la renta este año sólo surtirá efectos legales para las declaraciones de renta de 2025, que se presentan y pagan en 2026, cuando, si todo marcha bien, este Gobierno habrá llegado a su fin.

HORACIO AYALA VELA
Consultor privado