En 2026, el petróleo ha vivido una montaña rusa. El año comenzó con el Brent cerca de 60 dólares por barril; el fin de semana pasado superó los 100, luego cayó a 80 y ahora ronda los 90, en medio del conflicto con Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas.

Para Colombia esto podría parecer una buena noticia por su peso en los ingresos fiscales y externos, pero ese efecto es cada vez menor ante el marchitamiento de la industria. Donde sí pesa esta volatilidad es en el precio de los combustibles y, sobre todo, en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El FEPC fue creado con una lógica sencilla, tan antigua como el relato bíblico de José en Egipto: ahorrar en épocas de vacas gordas para enfrentar las vacas flacas. Sin embargo, en la práctica ha operado más como un mecanismo de gasto que de ahorro.

Entre 2016 y 2025 el Fondo acumuló un déficit cercano a 85 billones de pesos, de los cuales 68 billones corresponden a 2022-2025. Al cierre de 2025, la actual administración habría pagado cerca de 65 billones del déficit histórico, pero 51 billones se generaron durante este mismo mandato.

Esa cifra equivale casi al déficit primario del Estado el año pasado. Además de costoso, los contribuyentes terminamos financiando un subsidio equivalente al déficit del Gobierno que beneficia en buena medida a quienes menos lo necesitan.

La historia no es la misma, pero suele rimar. Pese a criticar el impacto fiscal del mecanismo, cuando la brecha entre los precios internos y los internacionales comenzaba a cerrarse —y en vísperas de elecciones— el gobierno decidió reducir el precio de la gasolina en 1.000 pesos entre febrero y marzo.

Esto confirma que el FEPC ha terminado funcionando más como una herramienta política de precios que como un mecanismo de estabilización. Con el petróleo en los niveles recientes, el Fondo probablemente ya volvió a una senda deficitaria.

De haberse aplicado con rigor la fórmula prevista en su diseño, el país se habría ahorrado cerca de 21 billones de pesos en los últimos años.

La posible reaparición de déficits en 2026 debería reabrir el debate sobre la política de precios de los combustibles. Primero, hay que corregir los desequilibrios inmediatos: no tiene sentido mantener el subsidio al ACPM en medio de una crisis fiscal.

Más importante aún, es momento de discutir si un fondo que en la práctica se ha convertido en un mecanismo permanente de endeudamiento sigue teniendo sentido. Como enseñó José al faraón, cuando se ignoran los años de abundancia, los de escasez siempre terminan llegando —y con ellos la factura. 

César Pabón

Director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana

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