En las últimas semanas, se han observado señales sustancialmente contradictorias respecto a la buena gobernanza fiscal vinculada a la gestión del recurso humano en la administración pública. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo, responsables de aprobar las leyes relacionadas con el aparato estatal, deben priorizar que la administración de los recursos públicos sea transparente, eficiente, equitativa y basada en decisiones responsables que generen valor público para la ciudadanía. Asimismo, deben garantizar el cumplimiento de las normas, asegurar una recaudación tributaria justa y promover el uso de esos recursos para el desarrollo sostenible, buscando siempre un equilibrio entre las necesidades del Estado y los derechos de los contribuyentes.

Por un lado, la reciente Ley 32507, impulsada por el Legislativo y aprobada por el Ejecutivo, flexibiliza y reduce los requisitos para ocupar cargos directivos claves en el Estado, en donde se toman las decisiones que afectan al país. Aunque la ley........

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