La sanción de inhabilitación contra un funcionario público para ejercer cargo público o contratar con el Estado, esté o no en actividad, no es exclusiva del Poder Legislativo, también gozan de esa potestad el Poder Judicial y la Contraloría General. No obstante, estas al aplicar esta suerte de pena restrictiva a derechos políticos y profesionales, se ciñen a criterios de graduación que pasan por ponderar la gravedad de los hechos atribuidos al servidor, su hoja de vida (antecedentes y eventual historial de sanciones), las particularidades en torno a la comisión de los hechos, etcétera. La justicia busca no dejar a discrecionalidad de los entes sancionadores imponer el........

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