Prioridad nacional: nadie podrá decir que no lo sabía |
Aragón y Extremadura son ya el mascarón de proa de las políticas xenófobas en este país y, como extremeña que soy, me avergüenza especialmente.
María Guardiola tendrá el dudoso honor de haber sido la primera presidenta que se ha comprometido a ejecutar un programa abiertamente racista en Extremadura. Un lugar en el que hay más preocupación por los que se van que por los que llegan; donde la población migrante representa poco más del 4% y está 12 puntos por debajo de la media nacional, y en el que hace falta mano de obra para trabajar en la agricultura, la construcción y la hostelería. No se sabe si es que el PP extremeño desconoce tal necesidad o es que le parece más rentable que se trabaje en condiciones laborales propias del esclavismo decimonónico. El Banco de España ha dejado claro que la tasa de actividad de los extranjeros es superior a la de los nacionales, y que el efecto medio directo de la inmigración sobre el crecimiento del PIB per cápita ha sido muy positivo, sobre todo por la vía del empleo. Pero poco importan los datos.
En la tercera o cuarta versión de sí misma, la sra. Guardiola se ha apuntado con entusiasmo a la islamofobia, persiguiendo, especialmente, a las mujeres musulmanas, como si Extremadura hubiera devenido Arabia Saudí. Mujeres que se dedican a cuidar a nuestros hijos, personas mayores y dependientes, y a las que se pretende humillar y estigmatizar como epítomes de una cultura demonizada. El "feminismo de Vox" era esto.
En fin, atrapada por sus propias contradicciones, la presidenta extremeña se ha acabado abonando, definitivamente, a la "política de los bandazos". A día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta si ha comprendido el concepto "prioridad nacional" que ha rubricado en su pacto de gobierno, ni si ha evaluado con seriedad sus efectos. Desde luego, tampoco Vox sabe bien lo que ha firmado, aunque sabe bien lo que quiere a medio plazo: la eliminación del ius soli (arraigo) como acceso a la ciudadanía y su sustitución por una versión radicalizada del ius sanguinis en la que será un requisito esencial haber nacido de la madre "correcta". Alternativa por Alemania ya recurrió abiertamente al concepto nazi de "remigración" para expulsar a migrantes nacidos en Alemania de madres extranjeras. Tampoco queda clara la promesa de retornar a menores migrantes dado que es algo que no puede decidir la Junta de Extremadura, pero funciona como una declaración de intenciones con la que se pretende señalar a los poco menos de doscientos niños, simples niños, que viven solos en la región. Supongo que el objetivo es que sea la turba la que remate el trabajo.
Todo el mundo sabe que la "prioridad nacional" carece por completo de marco legal y por eso en los pactos de Extremadura y Aragón se habla de "inspiración". La pretensión es tomar como referencia ese "principio" para asignar los recursos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" con el territorio. Arraigo que, por supuesto, se determinará con baremos suficientemente restringidos como para dejar fuera a quienes se perciben como parásitos. El PP valenciano aprobó el pasado octubre una resolución de Vox que pedía a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional, además de medir el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores.
La estrategia de la "prioridad nacional" está calcada de la del Frente Nacional francés, que desde los años ochenta defiende el llamado "chovinismo del bienestar": la tesis de que los servicios públicos son un botín escaso que hay que reservar para los nacionales. No se trata de incrementar los recursos que se destinan a esos servicios, dado que la apuesta es la de bajar los impuestos a los ricos y privatizarlo todo, sino de echar a los foráneos. Con la cantinela del "bote salvavidas" pretenden convencernos de que estamos al borde del colapso, no cabemos todos y sobran ciertas personas, y, así, resolver los problemas estructurales a base de fanatismo identitario.
Cualquier "prioridad nacional" es contraria al derecho de la Unión Europea y a la Constitución, que prohíbe la discriminación por razón de origen. Es un eslogan despreciable sin la más mínima base regulatoria.
El artículo 14 de la Constitución prohíbe la distinción basada en la nacionalidad que limite el acceso igualitario a servicios públicos para residentes extranjeros. El artículo 13 reconoce a los extranjeros las libertades públicas del Título I de la Constitución en los términos de los tratados firmados por España, lo que impide una preferencia exclusiva por nacionalidad en el disfrute de los derechos fundamentales, uno de los cuales es el acceso a las prestaciones sociales.
El artículo 14 de la ley de Extranjería (LO 4/2000) garantiza a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, prohibiendo preferencias nacionales directas o indirectas. La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, que se basa en la Convención de Ginebra de 1951, subraya el principio de no devolución (non-refoulement) y la protección internacional sin discriminación por nacionalidad. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe también la discriminación por nacionalidad entre residentes, limitando cualquier fórmula de "prioridad nacional" más allá de una preferencia comunitaria.
No hay ninguna duda: convertir la nacionalidad en un privilegio viola la legislación española y todos los tratados internacionales ratificados por España (artículo 46 Constitución). Y, sin embargo, aunque las cláusulas xenófobas selladas en Extremadura y Aragón son claramente ilegales, no podemos pensar que son inocuas. Normalizan decisiones y reacciones patológicas, y, sobre todo, nos indican, sin ambigüedades, lo que el Partido Popular está dispuesto a hacer para llegar al gobierno. Nadie podrá decir que no lo sabía.