Democracia o multimillonarios

Hay momentos en los que un Gobierno debe decidir si quiere incomodar de verdad o limitarse a administrar gestos. Este es uno de ellos. En una España atravesada por la desigualdad, la crisis de la vivienda y la precariedad, ya no basta con verbalizar malestar frente a los multimillonarios ni con convertir su figura en un recurso retórico ocasional. La cuestión es más seria. Y es que, si el Ejecutivo cree de verdad en la democracia como límite al poder arbitrario, tendrá que asumir también que la riqueza extrema no es solo un problema distributivo, sino una forma de poder que conviene contener.

Nos parece obvio que nadie debería acumular un poder institucional sin contrapesos. Por eso defendemos la división de poderes, el control parlamentario, los límites de mandato o el sometimiento del gobierno a la ley. Sabemos, por experiencia histórica, que el poder sin límites acaba volviéndose arbitrario. Sabemos que la libertad de la mayoría depende de que nadie pueda situarse por encima del resto. Siendo esto así, no se entiende por qué esa lógica, tan elemental en política, deja de aplicarse cuando hablamos de riqueza.

Porque el dinero no es solo dinero. La riqueza no es una cifra muerta en una cuenta bancaria o en acciones y participaciones. La riqueza es poder. Poder para condicionar gobiernos, para influir en medios de comunicación, para financiar lobbies, para modelar la conversación pública, para decidir qué ciudades se encarecen y cuáles se vacían, para imponer prioridades productivas, para comprar tiempo, silencio y obediencia. Poder, en definitiva, para ampliar la propia libertad a costa de estrechar la ajena. Los grandes patrimonios no son simplemente un premio de mercado; son también estructuras privadas de poder que erosionan la igualdad democrática.

Durante demasiado........

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