Una vez más el Gobierno de Estados Unidos “aplazó” a Bolivia en la lucha contra las drogas, es decir, la gestión de Joe Biden considera que su homólogo Luis Arce no ha respondido a las expectativas que tenía Washington en lo que se refiere a la erradicación de cultivos de hoja de coca y a la producción de droga.

Apenas se conoció que Estados Unidos incluyó a Bolivia en la lista de países de mayor producción y tránsito de drogas, además de que acusa al país de haber incumplido sus obligaciones internacionales de combate al narcotráfico, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó este informe por considerarlo “unilateral” y porque “desacredita” la política boliviana antinarcóticos.

El jefe nacional del MAS, Evo Morales, entre otros dirigentes y autoridades del país, rechazó la “descertificación” por considerarla “política y contradictoria”, pero recordó que en el actual Gobierno se conocieron casos sonados de envíos de droga desde Bolivia a Europa en grandes cantidades.

Sin embargo, al margen del informe presentado por Estados Unidos, el Gobierno boliviano debe tener en cuenta algo muy claro, que el combate al narcotráfico tiene que erradicar esta lacra, con o sin respaldo de ese país, por el bien de la sociedad boliviana y de la comunidad internacional.

A diferencia de lo que sucedía hasta hace algunos años, Bolivia se convirtió también en un país consumidor y no solo productor o territorio de tránsito de las drogas que se elaboran en otros países de la región como Perú o Colombia.

Del Castillo denunció que Estados Unidos "viene descertificando la lucha contra el narcotráfico en Bolivia desde la expulsión" de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) en 2008 y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) en 2013, por lo que insistió que se trata de una postura política.

En el memorando que hizo conocer Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden insta a Bolivia a tomar medidas para "reducir los cultivos ilícitos de coca que continúan excediendo los límites legales establecidos en la legislación de Bolivia".

En este punto en particular, el Gobierno de Bolivia, con sus instituciones especializadas, deberá evaluar cuánta coca se requiere para el acullico tradicional y para proyectos industriales; y en base a estos parámetros definir si el país tiene más hectáreas de las que son necesarias o está en el límite permitido.

La lucha contra la producción y tráfico de drogas es una obligación de todos los gobiernos del mundo, toda vez que sus efectos por el consumo son, en muchos casos, nefastos e irreversibles, debido a que mata a miles de personas por sobredosis cada año y destruye miles de hogares.