La polémica generada en torno al Decreto Supremo 1515, que da la posibilidad al presidente Rodrigo Paz de ejercer el poder en línea y en tiempo real, mediante medios tecnológicos, ha desatado un debate jurídico y político intenso. 

Para algunos, es una medida inconstitucional; para otros, de una extralimitación peligrosa del poder ejecutivo. Sin embargo, más allá de la controversia inmediata, el Decreto pone sobre la mesa un problema mucho más profundo y estructural: la obsolescencia de las constituciones frente a la revolución digital, que ha transformado todo.

La mayor parte de las constituciones del mundo han sido concebidas en un tiempo analógico. En un mundo de papel, sellos, firmas, manuscritos y presencia física. Ninguna de ellas, hasta donde alcanza el conocimiento comparado, prevé explícitamente la posibilidad de “gobernar por Internet”. No porque sea una aberración jurídica, sino porque cuando fueron redactadas, simplemente, no era imaginable.

Hoy, en cambio, vivimos en una sociedad radicalmente distinta. El mundo se trasladó a la nube. Se trabaja en línea, se estudia en línea, se ama en línea. Las transacciones financieras más complejas se realizan en segundos desde un teléfono móvil. Las decisiones empresariales globales se toman en videoconferencias. Los Estados digitalizan impuestos, registros, trámites y servicios públicos. Muchas cosas ocurren........

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