En el ámbito jurídico del Estado las graves violaciones a los derechos fundamentales en periodos prolongados de gobierno, a partir de autoridades de alto nivel, principalmente del poder ejecutivo y los enlaces con policías, fiscales y jueces que desconocieron al juez natural en la mayoría de los casos forzando procesos contra personas  incompatibles con la forma de pensar del sistema, al extremo de convertir al denunciante en procesado, tal como ocurrió con Marco Antonio Aramayo que cargó con más de 250 procesos en más de 50 juzgados del país hasta terminar con su vida inocente, no hay forma de sustraerse de gravísimas responsabilidades, ni de negar la existencia de los derechos humanos y de la vida, y menos de dejar en una suerte de limbo hechos de indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado. 

De acuerdo a la evolución del corpus iuris internacional las consecuencias negativas y deliberada de dejar a las víctimas de hechos fuera del ejercicio de los recursos legales, garantías procesales, así como la extracción policial violenta de la comunidad y de su hogar familiar, el modus operandi del gobierno, no puede convertirse en una práctica con evidencias reiteradas. 

El Estado en ningún momento puede derogar los medios y condiciones jurídicas para que el derecho a la dignidad humana pueda ser ejercido libre y plenamente por las personas cualquiera sea su estatus de vida, basta que sea titular del reconocimiento de su personalidad jurídica, para que los órganos del Estado respeten, cumplan y garanticen los derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales no están en subasta, no son objeto de secuestro, ni sujeto a extorsiones corporativas y tampoco sometidos a torturas judiciales, son esencialmente derechos que exigen protección de autoridades estatales y, en ningún caso el ave fénix de la inacción del ministerio público o, el rechazo de hechos delictivos tan evidentes que causan impunidad e inseguridad en la población boliviana. 

Los procesos instaurados, contra la expresidenta constitucional, Jeanine Añez, Luís Fernando Camacho, Marco Pumari, por golpe de Estado, corresponden ser anulados, pero con responsabilidad a los ejecutores de las detenciones violentas, policías que dieron la orden, fiscales y jueces que condenaron sin pruebas. En aquellos casos de exministros y militares que se sometieron a procesos abreviados bajo presión política, verbigracia Álvaro Coímbra Cornejo, exministro de........

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