En los últimos meses, dos muertes han sacudido al sistema judicial boliviano con una intensidad que todavía no termina de procesarse del todo. Víctor Hugo Claure Hinojosa, magistrado del Tribunal Agroambiental asesinado en Santa Cruz, y Wilber Marcial Cruz Arancibia, juez de Villa Tunari ejecutado a tiros en Cochabamba, dejaron de ser únicamente nombres en expedientes o referencias institucionales. Hoy representan algo más incómodo, la sensación de que se ha cruzado una línea que antes parecía intocable.

Bolivia conocía la injerencia, la manipulación y la cooptación del sistema judicial. Durante décadas, los jueces fueron objeto de presiones políticas, prebendas y amenazas. Pero lo que no era habitual, lo que marcaba una línea roja, era su eliminación física mediante métodos propios del crimen organizado. Ese umbral ha sido superado. Y cuando eso ocurre, lo que se resquebraja no es solo la seguridad de los operadores de justicia, sino la arquitectura misma del Estado de derecho.

La pregunta central no es solo quién disparó, sino por qué ahora. La respuesta no está en la coyuntura inmediata, sino en un proceso acumulativo: la consolidación de economías ilícitas con capacidad territorial, financiera y coercitiva. La minería ilegal aurífera ha dejado de ser marginal para convertirse en un sistema paralelo de poder. En regiones del norte de La Paz, el oro no solo fluye en ríos devastados por mercurio y maquinaria pesada, también circula en redes informales de comercialización que escapan al control........

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