¿Podrá el malestar encontrar un lenguaje común? |
Hace pocos días planteaba en este mismo espacio que el final del estado de excepción no suponía automáticamente una nueva escalada de la conflictividad. Mayo y junio habían dejado costos importantes, desgaste entre las bases y dificultades para sostener una protesta suficientemente amplia. Por eso, más que contar conflictos, parecía necesario observar si comenzaban nuevamente a coincidir demandas, actores y discursos capaces de conectar malestares hasta entonces dispersos.
Algunas de esas señales empiezan a hacerse visibles alrededor del diésel. El Decreto Supremo 5676 estableció un precio referencial de Bs 18 para determinados grandes consumidores y provocó rechazo entre productores agropecuarios, cooperativistas mineros, empresarios y organizaciones sociales. Existe una discusión legítima sobre sus efectos, especialmente para pequeños y medianos productores, pero también sobre quién debería continuar recibiendo una subvención que el Estado tiene cada vez menos capacidad para financiar. No todos los actores que reclaman tienen la misma vulnerabilidad: entre ellos hay sectores corporativos, como segmentos de la agroindustria y del cooperativismo minero, con mayor capacidad económica y participación en actividades exportadoras.
Desde la conflictividad, sin embargo, lo importante es observar qué puede producir políticamente esa disputa. Productores, transportistas, cooperativistas y organizaciones sociales mantienen intereses distintos y todavía están lejos de constituir una coalición nacional de protesta. El riesgo aparece si una medida que genera agravios diferentes empieza a ofrecer un motivo suficientemente común para acercarlos y si esa coincidencia encuentra una narrativa capaz de trascender el reclamo sectorial.
Ese proceso ocurre además en un momento especialmente sensible. El caso Fernando Cerimedo instaló acusaciones graves sobre posibles hechos de corrupción y tráfico de........