Me han preguntado como veo las campañas de propaganda que a la vista de todos y en las propias narices del Órgano Electoral Plurinacional, se ventilan por parte de los candidatos y/o sus comedidos ayucos, en lo que queda del actual proceso de las fallidas elecciones judiciales.
Abstrayéndome que la elección popular de esos altos cargos es un disparate demostrablemente fracasado y en doble oportunidad -por sus anteriores y actuales frutos podridos lo probamos más allá de toda duda razonable- y, que si se trataría entonces de popularidad y no de idoneidad (que es lo que se requiere indispensablemente para esos funcionarios que cierren esos sistemas); hay que responder que nada más ni nada menos que el Constituyente con la aprobación del soberano (64%) han sido quienes para bien o mal, aprobado y dejado ordenado en la actual CPE (art. 182.III y otros) que los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación, encargándole al OEP sea el único responsable de difundir sus méritos. Lo que ha sido reiterado por el art. 82 de la Ley de Régimen Electoral que es más explícita, pues prohíbe taxativamente a los candidatos efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda sobre su postulación en medios........