Infraestructuras públicas |
LA experiencia acredita que, a la hora de negociar la gestión de competencias no basta con alcanzar acuerdos políticos con el Gobierno del Estado sobre materias competenciales transferibles, sino que hay que desbrozar un camino en el que se interponen intereses incrustados en aparatos de la Administración y en las sociedades públicas y semiprivatizadas que gestionan servicios esenciales. Euskadi lo está comprobando en primera persona. Esta semana, el caso de Aena resulta paradigmático. El proceso de privatización de la sociedad gestora de aeropuertos del Estado lo inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y lo culminó Mariano Rajoy, que en 2015 colocó en bolsa el 49% del capital y convirtió al gestor aeroportuario en una compañía híbrida, con el 51% en manos del Estado pero sometida a la lógica bursátil. Ahora, cuando Gobierno de Pedro Sánchez y el Vasco anuncian un preacuerdo para crear un órgano de “gestión” de los aeropuertos vascos, Aena y sus inversores se apresuran a rebajar el alcance a simple “participación” y a subrayar que el pacto “no altera la red ni el modelo”. Pero lo más preocupante es que la voz que debería representar también a la mayoría pública del capital amenace con “medidas” para frenar la implantación plena del preacuerdo.
Algo más sutil ocurrió en el ámbito ferroviario. El tándem Renfe–Adif, formalmente público, opera cada vez más con lógicas empresariales propias y se ha convertido en un dique de contención frente a cualquier reordenación competencial profunda, mientras se sientan bases discursivas sobre su futura mercantilización. En este caso, han sido condicionantes técnicos los usados para preservar un grado de control sobre el servicio, pese a ser acordada la transferencia de cercanías. Y no son para olvidar las “pegas técnicas” con las que desde la Seguridad Social o el SEPE han estado reteniendo competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika. Si el Estado da soporte y estabilidad con la mayoría del capital y ha financiado durante décadas estas infraestructuras con presupuestos públicos, esa mayoría debe garantizar que los intereses particulares de empresas nacidas como servicios públicos no impiden la evolución competencial que refuerce el carácter descentralizado del Estado y haga efectivos los acuerdos políticos.