La propuesta de Iván Cepeda de convocar una Asamblea Nacional Constituyente luego de un llamado Acuerdo Nacional, ha regresado al debate público con el diseño de plumas como la del senador Ariel Ávila. La presentan como una iniciativa amable, democrática y necesaria -según ellos- para actualizar las instituciones del país. Sin embargo, detrás de esa narrativa aparentemente moderada existe una discusión de enorme profundidad: la posibilidad de modificar las reglas fundamentales sobre las cuales se sostiene la democracia colombiana.

La primera pregunta que deberíamos hacernos es muy simple: ¿realmente Colombia necesita una nueva Constitución?

La Constitución Política de 1991 tiene apenas 35 años de vigencia. En términos históricos, se trata de una carta política relativamente joven. Más aún, muchas de sus disposiciones ni siquiera han sido desarrolladas o implementadas plenamente. Resulta difícil justificar la necesidad de redactar una nueva Constitución cuando todavía existen múltiples aspectos de la actual que el Estado colombiano no ha logrado materializar de manera completa.

En Colombia hemos convertido la Constitución en un deporte nacional. Cada cierto tiempo aparece una nueva propuesta para reformarla, reinterpretarla o sustituirla por completo. Como si los problemas de inseguridad, pobreza, corrupción, educación o crecimiento económico fueran consecuencia de un defecto en el texto constitucional y no de la falta de ejecución, liderazgo y capacidad de gestión de quienes gobiernan. La Constitución de 1991 aún tiene capítulos enteros pendientes de desarrollo, pero ya hay quienes quieren cambiarla por una nueva, diseñada desde las prioridades ideológicas del presente.

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