El trámite del proyecto de acto legislativo que propone reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) avanza con su nadadito de perro, y solo hasta ahora, que se encuentra en el sexto debate, ha generado discusiones sobre las implicaciones fiscales y administrativas que conlleva.
Se propone modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política para aumentar las transferencias a los entes territoriales y resguardos indígenas, pasando del actual 23,8% de los ingresos corrientes de la Nación al 39,5% en un plazo de doce años, para fortalecer la autonomía regional y cerrar las brechas sociales entre las diferentes regiones del país.
Con base en el conocimiento que me otorgan mi formación académica, experiencia profesional y docente en temas de hacienda pública, considero que esta reforma, aunque bien intencionada, es peligrosa si no está acompañada de una definición clara de las competencias que deben asumir los territorios.
Sin duda, el aumento representa un desafío fiscal que, según cálculos técnicos, significaría unos $60 billones adicionales cada año, una cifra superior al presupuesto de inversión del Gobierno Nacional para........