Ese es un principio básico del Estado de Derecho. Precisamente por eso, cualquier discusión sobre una sentencia debe hacerse con seriedad, argumentos y responsabilidad institucional, no desde el desacato ni desde la descalificación ligera.

Dicho eso, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra Santiago Uribe Vélez dentro del expediente SP499-2026 Radicación n° 72466 (Aprobado Acta No. 178), deja preguntas legítimas sobre la forma, el tiempo y la oportunidad en que fue adoptada. No es frecuente que un expediente de semejante volumen, integrado por múltiples carpetas, años de actuaciones, testimonios complejos, debates probatorios extensos y salvamentos de voto, sea estudiado y resuelto en un lapso tan breve.

Pero hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto: la inconveniencia institucional de proferir una decisión de semejante impacto a escasos días de una segunda vuelta presidencial. En un país profundamente polarizado, donde el apellido Uribe sigue teniendo un peso político evidente, una sentencia contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe inevitablemente produce efectos en la conversación........

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