La Jurisdicción Especial para la Paz atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación. Casi una década después de la firma del Acuerdo de La Habana, la discusión ya no gira únicamente alrededor de las posiciones políticas que acompañaron su nacimiento. Hoy confluyen asuntos más concretos: presupuesto, resultados, financiación internacional, duración y confianza institucional.

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, incluyendo una reducción de $170.000 millones para el sector de justicia transicional. El proyecto aún debe pasar por las plenarias de Senado y Cámara. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que con esa reducción la jurisdicción quedaría “inoperante”.

La reacción de Ramelli no se limitó al debate interno. Antes de la votación había puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sus preocupaciones por la reducción presupuestal y por otras iniciativas que, a juicio de la JEP, podrían afectar su independencia, autonomía y constituir posibles obstáculos para el desarrollo de los procesos y los derechos de las víctimas.

Ese paso tiene un antecedente jurídico relevante: en 2021 Colombia y la Fiscalía de la CPI suscribieron un acuerdo de cooperación en el que, entre otras, el Estado asumió compromisos para preservar “suficiencia presupuestaria” para que las instituciones de justicia transicional cumplan con su mandato, a la vez que el deber de rendir cuentas institucionales y penales.

Pero esa protección no........

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