A nadie dejan nunca indiferente las entrevistas que concede Alfonso Guerra. Hace unos meses utilizó en una de ellas la ocurrente y simpática metáfora del salchichón: las concesiones ya hechas por aquel entonces a los independentistas catalanes y las concesiones que aún tendrían que venir se asemejan al salchichón del que se van cortando rodajas. Eso sí, no muchas, sino una a una, semana a semana, o acaso una rodaja cada mes, para conseguir así que quien mira el espectáculo no perciba que al salchichón le falta de repente un pedazo demasiado grande. De paso, se esconde la rodaja penúltima y la anterior a la penúltima porque hoy lo que toca es escandalizarse de la última. Y al mismo tiempo, cuando la semana que viene toque cortar una más, se habrá olvidado ya lo gorda que había sido la de hoy.
En general, la teoría o estrategia del salchichón ha sido constante a lo largo de la pasada legislatura, pero da la impresión de que la legislatura que acaba de comenzar va a deparar unas situaciones y circunstancias que, desde luego y visto lo visto, ya no van a provocar ninguna sorpresa para nadie. El 10 de enero asistimos a un espectáculo bochornoso que solamente sirvió para demostrar que quien manda aquí no es el bufón que duerme en La Moncloa, sino quien, representando solamente al 1,6 % de los españoles, le va dando órdenes a cada paso en un ejercicio diario de chantaje y extorsión.
Es momento de refrescar la memoria, aunque para ello haga falta alguna página más de las habituales. No sea que se nos acaben olvidando las tajadas —algunas, suculentas, y otras mero gesto para la galería— que se han ido extrayendo de un embutido llamado España. Por lo demás, se trata de un manjar sabrosísimo, especialmente si el salchichón es el de Vich.
Partamos del día 1 de octubre de 2019, justo cuando se cumplían dos años de aquel referéndum fake en el que había urnas llenas de votos antes de comenzar la jornada, o en el que hubo quien pudo votar dos, tres y hasta cuatro veces. Faltaban pocos días para que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo. Y Pedro Sánchez dijo en la cadena SER que su Gobierno había "estudiado ya si puede aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía catalana, aun encontrándose en funciones", y había "sostenido que se podría hacer sin problema". Estaba, pues, en su cabeza, volver a aplicar ese precepto, como había hecho ya en su momento Mariano Rajoy. Y es que, según Sánchez, en 2017 se habían cometido delitos de sedición y de malversación, e incluso de rebelión. Obsérvese: incluso de rebelión, un delito que ni siquiera había llegado a ser objeto de juicio por el Tribunal Supremo. Aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución suponía que "gana la democracia y gana el Estado de derecho", decía la dirección socialista. Y seguía siendo conveniente suspender la autonomía, ante la "verdadera y grave provocación" de Joaquim Torra, que estaba dispuesto a constituir un nuevo Gobierno.
Cuatro años después de expresar la conveniencia de suspender la autonomía de Cataluña, el amado líder supremo nos ha transmitido repetidamente la suprema idea, no solo de que la aplicación del artículo 155 había sido un error, sino que todo cuanto se había hecho estaba muy mal. Y hasta se permitió el supremo lujo de decir, sin ambages, que él quería devolver a la política el problema catalán, que nunca tuvo que haber sido judicializado. No tenía que haber ocurrido que el Tribunal Supremo tuviera que perder el tiempo con el juicio del procés (por cierto, un juicio desarrollado con todas las garantías y publicidad que cabía, y aún más) y dictar la sentencia de 14 octubre 2019, que condenaba a prisión a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como autores de un delito de sedición en concurso con un delito de........