¿Necesitamos pagar pisos a los inmigrantes? |
¿Necesitamos pagar pisos a los inmigrantes?
Ocurre que el sufrido y resignado contribuyente García Domínguez no necesita inmigrantes para nada.
A propósito del mayor problema estructural que va a tener que seguir arrostrando España durante lo que resta del siglo XXI –estoy hablando de la inmigración no cualificada procedente del Tercer Mundo–, hay un argumento recurrente que por rutina exponen esos dos hermanitos gemelos que siempre andan a la greña entre ellos, el PSOE y el PP. Y es que sus respectivos voceros nunca se cansan de sentenciar eso de que la inmigración resulta necesaria para la economía. Yo no sé quién será esa señora, doña Economía, por la que los hermanitos sienten tanto aprecio y pasan tantos desvelos; no lo sé porque nunca hemos sido presentados, y tampoco recuerdo haberme cruzado con ella por la calle.
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No obstante, mi muy prosaico sentido común me invita a pensar que si la tal doña Economía necesita imperiosamente disponer de los servicios de más y más inmigrantes, lo mejor que puede hacer es pagar por ellos. Pero, eso sí, pagar con dinero de su bolsillo, no con el mío. Y ello por la muy comprensible razón de que es doña Economía, no yo, quien demanda su presencia en nuestro país. Pues ocurre que el sufrido y resignado contribuyente García Domínguez no necesita inmigrantes para nada. Estos días pasados acaba de publicarse en Barcelona un informe oficioso donde se expone sin excesiva vaselina retórica el definitivo desastre habitacional al que nos aboca la actual inmigración incontrolada.Y bastan tres cifras para ilustrarlo.
Veamos: Cataluña, dado el ritmo de crecimiento de la población, necesitaría construir un mínimo de 20.000 viviendas de protección oficial —las más baratas posibles— al año, durante cuatro lustros. Pero resulta que el sueldo anual medio de sus ocupantes potenciales, en su mayoría inmigrantes, es tan escaso que apenas roza los 23.500 euros brutos; es decir, ni de lejos permiten sufragar el importe de una vivienda ofrecida a precio de coste. En consecuencia, a la Administración no le restará más alternativa que subvencionar a fondo perdido su compra. Pero no con cargo a doña Economía, claro, sino al de los contribuyentes. Lo que faltaba.