A los presentes efectos y, por tanto, sin pretensiones de que la definición figure en un tratado de filosofía política, llamo Hacienda Fouché al régimen tributario donde el derecho al secreto fiscal se viola con técnica inmoral y delictiva y tiene como responsable al político de turno, aunque no sea estatura política, precisamente, lo que le sobre.
Somos muchos los que admitimos y hasta preconizamos que el Estado deber ser riguroso en la investigación de las irregularidades e infracciones tributarias, pues, en palabras del artículo 31 de la Constitución (CE), todos los españoles estamos obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestras respectivas capacidades económicas mediante un sistema tributario justo, pero en igual número sabemos también que divulgar los datos fiscales de los contribuyentes, lo mismo que espiar al prójimo y contar luego sus intimidades, hace tiempo que se usa como arma política.
Este preámbulo viene a cuento de la filtración de los datos de una inspección fiscal abierta hace años al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, en legítima defensa, no sólo ha respondido con unas enérgicas manifestaciones y no menos resuelta reacción de denuncia de los responsables de la fechoría, auténticos personajes capaces de desbordar todas las lindes morales. Está demostrado que........