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La política exterior de una democracia avanzada

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08.03.2026

Pedro Sánchez, en una imagen del pasado viernes. / Clara Carrasco

Las grandes líneas de la política exterior de una democracia avanzada debieran ser compartidas por la inmensa mayoría de los diputados y senadores que, constituidos en Cortes Generales, representan al pueblo soberano. Pues a nadie se oculta que las decisiones en política exterior afectan a la totalidad de los ciudadanos.

Al menos debieran ser resultado del consenso entre los grandes partidos políticos, PSOE y PP, a los que votan la inmensa mayoría de los españoles, con la finalidad de evitar virajes indeseables con ocasión del relevo en el Gobierno del Estado.

Pero lo cierto es que desde el inicio de la democracia los presidentes del Gobierno se han apropiado de la competencia en materia de política exterior, que han ejercido sin contar con el primer partido de la oposición, y en no pocas ocasiones sin contar siquiera con los partidos políticos que ostentan la mayoría en el Congreso y en el Senado. Puede recordarse que Calvo Sotelo, sin contar con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) decidió ingresar en la OTAN. Felipe González decidió intervenir en la Guerra del Golfo sin contar con el Partido Popular (PP). José María Aznar decidió intervenir en la guerra de Irak, igualmente sin contar con el PSOE. Y aunque fuera en asuntos menos trascendentes que los antes referidos José Luis Rodríguez y Mariano Rajoy procedieron en la misma línea que sus antecesores en la presidencia del Gobierno.

Con estos antecedentes es difícil reprochar a Pedro Sánchez que haya tomado decisiones trascendentales en política exterior sin contar con el mayor partido del arco parlamentario, el Partido Popular. Y todo parece indicar que tampoco ha contado, en la mayoría de los casos, con Sumar, su socio en el Gobierno, que por lo demás mantiene posiciones que contrastan radicalmente con las líneas que comparten los Estados miembros de la Unión más relevantes. No debe olvidarse que los partidos socios de Pedro Sánchez, con la excepción del PNV (pues resulta difícil considerar que Junts sea el heredero de CyU) hicieron campaña contra la ratificación de la Constitución Europea en el referéndum que convocó el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Con matices, estamos de acuerdo con numerosas de las posiciones adoptadas por Pedro Sánchez en política exterior. Se posicionó correctamente al condenar reiteradamente los asesinatos de Hamas, y condenando a su vez el genocidio del pueblo gazatí ordenado por Netanyahu con el apoyo de EE UU. Adoptó una distancia clara con la pretensión de Trump, de que el presupuesto de defensa español se incrementara hasta el 5 % del Producto Interior Bruto, con la principal finalidad de que decenas de miles de millones de euros se destinaran por España a comprar armamento a EE UU, ocasionando un deterioro grave de los servicios públicos esenciales españoles; aunque creemos que debe incrementarse la inversión en defensa que no es necesario que sea comprando armamento a EE UU. Condenó la vulneración por Trump del Derecho internacional secuestrando al presidente Maduro e invadiendo Venezuela, con un balance de más de cien soldados asesinados y sometiendo a dicho país a un vasallaje indigno, ilegal e ilegítimo, con la finalidad de apropiarse de las inmensas reservas de petróleo cuyo propietario es el pueblo venezolano. Posición que, a nuestro juicio, es compatible con considerar ilegítima la dictadura chavista, lo que sin embargo no parece que sea compartido plenamente por todo el Gobierno. Siempre ha mostrado un apoyo sin fisuras a Ucrania en su lucha contra el genocida Putin, aunque la ayuda que suministra el Gobierno español a Ucrania sea de las menores que recibe. Y no menos contundente ha sido la condena de las pretensiones de Trump de apropiarse de Groenlandia.

Pero estar de acuerdo con el fondo, con muchas de las medidas adoptadas por Pedro Sánchez en política exterior, no puede suponer sin más olvidar que el nuestro es un sistema parlamentario y que la circunstancia de que sus antecesores hayan prescindido del Parlamento, que representa al pueblo soberano, no justifica la unilateralidad de las decisiones del presidente del Gobierno. No se puede estar pregonando como hace el presidente del Gobierno el multilateralismo y el consenso en el ámbito internacional y practicar el unilateralismo gubernamental en el diseño y ejecución de la política exterior española.

Pedro Sánchez no ocupa en el contexto internacional actual una posición de liderazgo por varias razones. Entre ellas, porque España tiene un ejército de bajo nivel, comparado con los de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Polonia. Y, además, porque los líderes europeos conocen la debilidad política de Pedro Sánchez en el interior de España; la mayoría de sus socios no comparten sus decisiones en temas sensibles, y el mayor partido del Congreso y del Senado, el PP, discrepa seriamente de las decisiones y de la forma de adoptarlas.

A nuestro juicio, Pedro Sánchez no debiera comportarse como un verso suelto en sus relaciones con los líderes principales de la Unión Europea. Las consecuencias de este tipo de comportamiento se han visto recientemente. Los líderes de Alemania, Francia e Italia no le han invitado a reuniones de gran relevancia, y esto no solo tiene consecuencias para Pedro Sánchez, que las tiene, sino para España. No se trata en ningún caso de que rinda pleitesía a Merz y a Macron, sino que no traslade a Europa su costumbre de cambiar de opinión sin justificación alguna y de adoptar decisiones que afectan a Europa en su conjunto, aunque se adopten en el ámbito de competencias estatales. Una de esas últimas decisiones ha sido la de regularizar a más de medio millón de inmigrantes, cuando en la Unión Europea la totalidad de los demás Estados miembros y la propia Comisión Europea apuntan en dirección contraria.

La circunstancia de que Pedro Sánchez no sea un líder internacional no significa que no deba y no pueda desempeñar un papel digno en estas circunstancias históricas para Europa y los europeos; el que corresponde al presidente de una democracia avanzada.


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