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Sin duda, no se trata de un fenómeno exclusivamente español, pero sigue resultándome asombrosa la capacidad que tiene la sociedad española para dividirse simétricamente en dos ante cualquier asunto. Esta vez ha sido una cuestión jurídica, un detalle de proceso como los hay a miles en cualquier sistema democrático: el Tribunal Supremo ha abierto causa contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque, supuestamente, ha transgredido sus competencias al (1) abrir una causa contra los crímenes del franquismo, (2) no declararse incompetente a la hora de juzgar a un banquero que financió un seminario en el que participó el juez, y (3) ordenar la grabación de las conversaciones entre acusados de corrupción y sus abogados cuando tal medida sólo puede aplicarse en casos de terrorismo y tráfico de drogas.

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