Nombre de usuario o dirección de correo

Contraseña

Recuérdame

En nuestra naciente democracia, condicionar y acotar la libre discusión de proyectos políticos puede tener un costo imprevisto y francamente peligroso. Si algo necesita México es información y debate. Nuestro electorado ignora mucho más de lo que sabe. Las patéticas reacciones ante el nombramiento de Juan Camilo Mouriño a la Secretaría de Gobernación son el ejemplo perfecto. ¿Qué nos dice de la madurez intelectual de nuestra democracia que el debate se haya centrado en la “investigación” —falsa, estéril, inútil— de la nacionalidad de Mouriño, antes que en el alud de responsabilidades complejísimas que le esperan al joven secretario? Antes que nada, el affaire Mouriño nos habla de la alarmante falta de conocimiento jurídico y político de los medios de comunicación y la opinión pública en México. Da miedo pensar lo que ocurrirá cuando el asunto a discutir no sea la nacionalidad de un funcionario, sino el futuro de la industria petrolera mexicana o, peor aún, la elección del siguiente Presidente del país. Por eso, la restricción (o la falta de aliento) al debate público es........

© Letras Libres