Soberanía “desaparecida” |
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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU con tres afirmaciones puntuales: “el Estado mexicano no está rebasado”, “el informe es tendencioso” y “no reconoce lo que su gobierno ha hecho”. El centro de la reacción no estuvo en las desapariciones, sino en el informe. No en lo que el señalamiento exhibe, sino en la legitimidad de quien lo formula.
Ese punto importa más de lo que parece. No estamos frente a una diferencia diplomática menor. Lo que ahí aparece es una definición práctica de soberanía: para el gobierno, significa la facultad de rechazar una observación incómoda. Una soberanía entendida así sirve para el discurso, pero no alcanza para gobernar.
La soberanía no se mide por la energía con la que un Estado descalifica una crítica externa, sino por su capacidad para hacerse cargo de lo que ocurre dentro de su territorio. Un país es soberano cuando gobierna efectivamente su territorio, protege a su población y conserva margen de decisión estratégica sobre sus intereses. Si esas condiciones fallan, la palabra queda vacía de contenido.
El Comité de la ONU no abrió este procedimiento por capricho. Informó que solicitó la consideración de la Asamblea General porque recibió indicios de que la desaparición forzada se practica en México “de manera generalizada o sistemática”, en los términos de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada desde 2006. Ese paso no equivale a una intervención extranjera. Es la constatación de que la magnitud del problema rebasa el intercambio ordinario.
Un gobierno seguro de sus capacidades habría respondido con otra lógica: discutir los hechos, corregir omisiones, ofrecer resultados, incluso........