Lawfare y la condena al Fiscal General |
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Si tuviéramos que elegir la palabra del año o, mejor, de la legislatura creo que sería el término “lawfare”, que, como ya es por todos sabido, apela a la existencia de persecuciones o abusos judiciales para deslegitimar al adversario político. Su normalización en nuestro léxico evidencia la grave contaminación populista que estamos sufriendo. Porque en una democracia liberal, por principio, no puede haber lawfare. Podrán existir desviaciones puntuales en alguna actuación judicial, las cuales el sistema en principio debe estar en condiciones de reparar; pero las persecuciones judiciales por motivos políticos son radicalmente incompatibles con la existencia de un marco de Estado de Derecho en democracia.
Sin embargo, en nuestro país existe una clara estrategia para hacernos creer que se está judicializando de forma espuria la política. Así, el pacto para la investidura entre el PSOE y Junts recogió el término lawfare, con escándalo entonces de buena parte de la comunidad jurídica. Pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Se ha ido asentando un relato dirigido especialmente desde un victimismo gubernamental donde habría unos jueces conservadores que se están metiendo en política y que, por ejemplo, habrían intentado desactivar la amnistía, estarían dirigiendo investigaciones penales prospectivas contra la familia y el entorno del Presidente del Gobierno y que habrían llegado a su cénit con la condena al Fiscal General del Estado. Tanto que en relación con esta última se movilizó a manifestantes con el eslogan “golpe judicial”.
De ahí que una vez que hemos conocido la motivación de esta última sentencia contra el Fiscal General convenga acercarse a la misma sine ira et studio, al menos para tratar de desgranar si de verdad se ha producido un golpe togado o si, por el contrario, podemos asumir con una cierta normalidad esta decisión judicial dentro de la anormalidad que supone que se haya sentado........