A la espera del Rey |
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“Ni está ni se le espera” fue la frase con la que el entonces jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, despejó dudas sobre que en Zarzuela esperaran al general Armada el 23-F. Hoy, sin embargo, podríamos reformularla para sostener que al Rey don Felipe se le espera. Porque, como por desgracia hemos tenido ocasión de comprobar en diferentes ocasiones en los últimos tiempos, cuando se produce un vacío de poder y la institucionalidad flaquea, cuando el Estado muestra falta de capacidad para enfrentarse a situaciones dramáticas que exigirían la respuesta sólida del mismo, las miradas terminan por dirigirse a quien personifica a ese Estado. Surge así un espontáneo sentir que anhela que, cuando menos, esa presencia del Estado se haga visible a través de quien ostenta su jefatura.
Una demanda que en cierto modo encaja mal con la comprensión más puramente ceremonial o protocolaria que se tiene de la monarquía en otros países de nuestro entorno. Quizá, pese todavía en nuestro imaginario colectivo el activismo de reyes de nuestra historia reciente –bien es cierto que en la lógica de monarquías constitucionales no plenamente parlamentarias– y, sobre todo, ya en el marco de la Constitución de 1978, las intervenciones providenciales primero de don Juan Carlos y luego de don Felipe en dos momentos críticos como fueron el 23-F y el 3-O. A lo que se añade un contexto político con partidos que pretenden aprovechar ese anhelo como arma de confrontación política frente al gobierno, sin importarles la consecuencia que pueda tener para la Corona el situarla en la arena política y el coste de su intento de patrimonialización partidista.
Por ello, conviene acercarse a esta cuestión con prudencia, sin colgar de las espaldas regias más responsabilidades de las que le corresponden y, sobre todo, sin esperar de él intervenciones que pudieran comprometer su neutralidad y que puedan llevar a deteriorar los equilibrios que el principio democrático exige mantener entre la autonomía del jefe del Estado en ejercicio de las funciones que la Constitución le otorga y la necesaria aquiescencia gubernamental como contrapeso institucional, ya que es al gobierno a quien le corresponde la dirección política del país y quien disfruta de legitimidad democrática.
Como punto de partida debemos alejarnos de lecturas literalistas de la Constitución que pueden llevar a equívocos. Si se repasan las concretas funciones que la Constitución atribuye al Rey en los arts. 62 y 63 –por ejemplo, “sancionar y promulgar las leyes”, “nombrar y separar a los miembros del gobierno, a propuesta de su Presidente” o asumir “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”– se podría llegar a la conclusión a mi juicio equivocada de que el Rey disfruta de un cierto margen decisorio en estos ámbitos. Sin embargo, a mi entender, la única interpretación compatible con el principio democrático es que todas estas atribuciones son “actos debidos” para el monarca, que está constitucionalmente........