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Ya desde la elección de 2012, Andrés Manuel López Obrador comenzaba a utilizar la frase que se convertiría en la sombra que persigue a su movimiento a la luz de las acusaciones de amasiato con el crimen organizado: los “abrazos, no balazos”. Eso que comenzó como una muestra de voluntarismo ingenuo ha terminado por enmarcar una nueva etapa de la crisis de inseguridad en México: la capitulación del Estado frente a otras fuerzas de orden violento en su territorio.

Siete años han pasado de gobiernos obradoristas y la crisis de violencia que prometieron frenar no solo continúa, sino que, además, ha evolucionado a una criminalidad armada que abarca desde las viejas disputas por economías ilícitas hasta la captura del Estado para sustituir su autoridad territorial como organización monopólica de la violencia y extracción de rentas.

Hablamos de un fenómeno que hoy se refleja en tres frentes de inestabilidad: una crisis de soberanía territorial, la persistencia de la violencia armada y ahora también la vulnerabilidad frente a fuerzas extranjeras que alimentan su apetito de intervención con nuestro desorden interno.

No hay un solo aspecto en el que este nuevo régimen pueda argumentar una mejoría sustancial en materia de seguridad y Estado de derecho frente a los del pasado inmediato. Si a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se les puede señalar como los de la criminalidad y la violencia desbordada, a los de López Obrador y Claudia Sheinbaum se les ubicará en la historia como los de la consolidación de un nuevo orden: uno donde el proyecto autoritario ha encontrado en grupos como los cárteles no un obstáculo, sino un aliado. Esto ha agudizado aún más nuestra debilidad estructural.

La crisis de soberanía territorial y la captura del Estado

Una de las grandes paradojas del obradorismo –que a veces pudiera pasar como una inconsistencia en el discurso opositor– es que, mientras se le acusa de ser un régimen autoritario cuyo principal objetivo es la acumulación de poder, al mismo tiempo se le señala por su debilidad frente a otras fuentes de autoridad paralelas como es el crimen organizado.

La respuesta a esta paradoja es que el actual régimen ha buscado concentrar el poder a partir de debilitar los contrapesos y subordinar a las instituciones, pero no ha reconstruido su capacidad estatal en el territorio para ejercerlo. Al contrario: en muchos casos la erosionó más. La desaparición de la Policía Federal, la militarización de tareas civiles, el debilitamiento de policías estatales y municipales, y la insistencia en reemplazar capacidades profesionales por lealtades políticas han producido una estructura más centralizada, pero no más soberana.

Se puede fortalecer un régimen mientras se debilita el Estado y eso es precisamente lo que ha ocurrido. El poder político de esta nueva clase gobernante se volvió más intenso, pero la autoridad sobre el territorio, más frágil. La consecuencia no ha sido un Estado fuerte, sino un Estado vaciado de institucionalidad y dependiente de arreglos verticales para sostener una gobernabilidad cada vez más precaria.

Hoy existe un Estado paralelo no como metáfora de la presencia del crimen organizado, sino como verdaderas estructuras armadas que cumplen funciones típicamente estatales: regulan mercados, controlan rutas, administran justicia informal, cobran tributos, imponen castigos, ordenan la circulación y producen obediencia. En algunos territorios, incluso construyen legitimidades parciales. Es una soberanía de facto: precaria y violenta, pero soberanía al fin.

Por todo ello, el fenómeno de la inseguridad en México ya no puede describirse solo como uno de criminalidad, violencia o impunidad. Hoy enfrentamos una crisis de soberanía territorial: la pérdida, fragmentación y disputa efectiva del monopolio estatal de la coerción, del orden y de la autoridad sobre el espacio físico. En otras palabras, el problema ya no es únicamente cuánta violencia hay; pasó a ser quién manda, quién cobra, quién protege, quién castiga y quién fija las reglas de la vida cotidiana. El mar de extorsión del que hablaba Claudio Lomnitz hoy inundó casi por completo los islotes de institucionalidad.

Esa mutación es decisiva. Ante la retirada del Estado, aparece otro orden. En la captura del Estado que estamos viviendo, los poderes criminales ya dejaron de ser actores externos y pasaron a integrarse en las lógicas de reproducción del poder político. Hay tolerancia selectiva porque existen rentas compartidas y reparto territorial de funciones.

El agravante es que esta sustitución no es un asunto solamente de incapacidad estatal para evitar su captura –como dicta el lenguaje de los Estados fallidos– que se explica por falta de recursos, fuerza o profesionalización. Estamos ante algo peor: este régimen no solo no pudo, sino que no quiso blindarse de los grupos armados porque prefirió la colaboración con ellos para alcanzar sus objetivos políticos. Principalmente, para ganar elecciones. No es Estado fallido, sino un Estado cómplice.

Por eso la noción de narcopolítica es indispensable. No estamos ante una simple infiltración del crimen como agente parasitario en la política, sino ante una forma de articulación cómplice entre violencia organizada y poder público. El crimen ya no se limita a corromper instituciones........

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