Las concurridas manifestaciones canarias del 20 de abril contra la masificación turística y sus consecuencias en la calidad de vida de la población -de manera especial, en el acceso a la vivienda- y en el territorio y el medio ambiente, han tenido sus réplicas en otros destinos turísticos muy relevantes de otras comunidades que sufren problemas similares. Caso de Mallorca, a finales del pasado mes de mayo, o, más recientemente, Málaga y Cádiz. Además, ha habido protestas en San Sebastián, Cantabria y algunos barrios de Madrid. Y hay anunciadas nuevas convocatorias a lo largo de este mes de julio en Cataluña y Baleares.
En Europa, distintas ciudades -Ámsterdam, París, Florencia…-, comienzan a implantar políticas que restringen el alquiler vacacional y sus plataformas. En el Estado español, Barcelona también lo plantea de forma contundente. El Gobierno central y varias comunidades autónomas comienzan a legislar para poner freno a la expansión de la vivienda vacacional. Las soluciones no son fáciles. Y, seguramente, exigen una reflexión profunda y un gran acuerdo con múltiples decisiones, no solo la puesta en marcha de actuaciones puntuales. Y la visualización de sus resultados se producirán a corto, medio y largo plazo. Lo que no vale es el inmovilismo.
El turismo se recupera mundialmente tras la parálisis que supuso la inmovilidad impuesta para tratar de frenar los estragos de la Covid 19 en el año 2020. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el presente 2024 ya se situará por encima de los niveles prepandemia. El pasado 2023, los ingresos por turismo internacional alcanzaron 1,4 billones de dólares, aproximadamente el 93% de los 1,5 billones de dólares ingresados por los destinos en 2019. Indicando la OMT que las estimaciones de la contribución económica del turismo, medida en términos de producto interior bruto (PIB) directo, suponen 3,3 billones de dólares en 2023, el 3% del PIB mundial.
En el Estado español, en 2023 se superaron los 85 millones de turistas, los mayores........