Ha sido una larga travesía en el desierto, con muchos más retrocesos que avances, pero por fin el Gobierno británico ha logrado la aprobación parlamentaria del proyecto legislativo que le permite deportar a los inmigrantes ilegales a Ruanda. Una vez que haya sido firmado por el monarca, el texto entrará en vigor a finales de esta semana. Según palabras textuales del primer ministro Sunak, el objetivo de esta norma es «disuadir a los migrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos, y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan», de tal suerte que aquellas personas que llegan al Reino Unido sin la debida documentación serán trasladadas de manera automática a Ruanda, donde se estudiará su caso y se procederá con la tramitación correspondiente. Obviamente, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han protestado ante lo que consideran un procedimiento que vulnera el derecho al asilo de personas que huyen de países en los que la situación humanitaria es más que precaria, pero, sobre todo, porque temen que siente un precedente para otros países.

Más allá de las críticas, esta nueva norma tiene muchas lecturas interesantes. En clave interna, el Gobierno conservador de Sunak busca recuperar con ella a una parte del electorado que observa con preocupación la llegada de más inmigrantes ilegales cuando la economía del país todavía se encuentra en un momento complicado. En clave externa, se quiere disuadir a los inmigrantes ilegales de que arriesguen sus vidas cruzando el canal de la Mancha, pero, sobre todo, a las mafias, que son las grandes beneficiarias de la desesperada situación de los que huyen. Y es que, pese a los esfuerzos por lograr una cooperación más decidida por parte del Gobierno francés para frenar la salida de embarcaciones en dirección al Reino Unido, estos han seguido llegando debido a los pingües beneficios que generan.

Pero, además, según algunas entrevistas realizadas a personas que aguardan en la costa francesa para cruzar, la amenaza de deportación a Ruanda no les desalienta. Ni perder la vida ni la deportación les disuaden, ya que nunca será peor que el infierno del que han huido. Está claro que para frenar la inmigración ilegal ni los muros ni las leyes sirven. La única solución es acabar con los conflictos y las injusticias que los originan.