¿Cambiamos el mapa de los concellos de Galicia? |
Puede que la verdad sea hija del tiempo, como vindica Xosé Luis Barreiro Rivas los viernes en La Voz, donde abre ventanas sobre la historia de la Galicia autonómica. Entre ellas, con conocimiento e intención, la de la organización territorial. Es decir, las 3.771 parroquias civiles y las 53 comarcas de Manuel Fraga, al amparo de una ley de 1996 que fue analizada y evaluada por el propio Barreiro mientras se tramitaba en el Parlamento. Análisis donde concluía que «no es posible comarcalizar si no se reclaman al Estado las competencias de régimen local que la Constitución reserva —sin lógica alguna— para el Estado». Y apostilla aún hoy: «Competencias de régimen local que ni siquiera Puigdemont se atreve a plantear que se transfieran a la Generalitat».
Y en esto se anuncia la descomarcalización de Galicia y el anteproyecto de una Ley de Administración Local, que finalizó estos días su trámite de audiencia e información pública, donde, según el Gobierno de Alfonso Rueda, además de la desaparición de las comarcas se aborda un nuevo sistema de reparto en los impuestos, con la incorporación de criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento, a lo que hay que añadir el refuerzo de las diputaciones. Una ley de régimen local importante, donde cabe priorizar otras formas de cooperación municipal como las áreas metropolitanas o las mancomunidades, y la organización de sus finanzas y servicios.
Este debate sobre concellos y provincias está aplazado desde hace demasiado tiempo, y todavía no ha logrado un primer plano del debate político. Un debate de capital importancia, pues de él depende el futuro de la que llamamos la Galicia despoblada —solo el 30 % de la población ocupa el 80 % del territorio—, como alertó el Consello de Contas. Una Galicia, con casi cien ayuntamientos —un tercio del total— en la uci demográfica, donde no disponen de tienda de alimentación, cajero, ni farmacia. En ocasiones viven al albur de que no deje de pasar cada día el panadero.
Este debate profundo fue sostenido con inteligencia e insistencia por Xaquín Álvarez Corbacho, quien ya en el 2010 reivindicaba una nueva ley de bases de régimen local y una reforma profunda de la Administración local y provincial, porque los ayuntamientos y sus entidades asociativas, excluidas las no natas comarcas, configuran y estructuran económica y socialmente el territorio.
Y como concluía un reciente estudio econométrico de Caixabank Research, titulado Las claves de la productividad, además de la incidencia de los factores tradicionales de la literatura económica, la novedad está en la importancia que cobran el territorio y los factores geográficos sobre la productividad. Por este motivo, en el comienzo de un debate político sobre el territorio y su organización, incluidos los ayuntamientos y sus agrupaciones, este debiera ocupar el primer plano de la actualidad y del debate social. La organización territorial es parte capital de la sostenibilidad. El territorio y la geografía de nuestra comunidad autónoma, con su organización administrativa y financiera, serán claves en el incierto futuro de Galicia.