Hay quienes ven en una Constitución una pócima mágica o una panacea: un remedio universal que sirve para cualquier tipo de problema. Sin ánimo de restar su importancia, si así fuese los países de Hispanoamérica no debieran encontrarse en la deteriorada situación en que se hallan, pues han estado históricamente inclinados al cambio frecuente de cartas magnas. Las más de las veces, buscando dar salida a una crisis social. Chile no representa la excepción, aunque ha tenido menor número de mudanzas que otras naciones de la región en la materia.

Es cierto que las constituciones sirven como cauce jurídico básico para la vida social. Confieren a la sociedad un marco de principios y normas que facilitan su organización política, estableciendo derechos y deberes esenciales a ser respetados por todos. Sin embargo, no mejoran por sí mismas la cultura predominante en el cuerpo social, ni las “prácticas” imperantes, ni el ejercicio de la autoridad, ni la prudencia y voluntad de sus élites, ni la sabiduría del pueblo; menos, las injusticias existentes y las necesidades sociales más apremiantes.

Hasta el 18 de octubre de 2019 no existía en Chile una demanda ciudadana (ni dirigencial) relevante al respecto, aunque la izquierda más radical venía insistiendo hace años en encaminar al país a una “asamblea constituyente”. A partir de esa fecha, aprovechando el contexto generado por la violencia terrorista-delictual, organizadamente desatada, y por las masivas e inorgánicas manifestaciones de malestar popular a que dio origen, el mismo sector logró impulsar la idea de una nueva Constitución, escrita desde una “hoja en blanco”. Se trataba de “la solución sintética” requerida para la cura de todos los males que se experimentaban. Con ella se podría terminar con la causa de las “indignidades” a que estaba sometida la población, fruto del “neoliberalismo pinochetista” todavía imperante. La promesa era absoluta, por efecto de una ley fundamental se abrirían las puertas a una suerte de “sanación integral”.

Ya se conoce cómo fue el inicio (en el Congreso Nacional), el proceso (la Convención Constitucional) y su “término” (el plebiscito del 4 de septiembre pasado). A pesar del enorme fracaso del intento propuesto, la perseverante izquierda y los políticos “concesores” de centroderecha insisten en conducir a la patria por el mismo derrotero. Más todavía, habría que repetirlo -dicen algunos- tantas veces como sea preciso para alcanzar la anhelada meta. Se aduce, falsamente, que no habría posibilidad de enfrentar con éxito los desafíos que encara el país si no se consolida un nuevo estatuto legal. El camino previsto, además, debería descartar a priori cualquier posibilidad de reformar la Carta Magna vigente y que el trabajo sea realizado por el Congreso Nacional, institución donde precisamente descansa la potestad constituyente. Panacea e insensatez, parecen ir de la mano y ¡contra Chile!

Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía

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Columna de Álvaro Pezoa: Magia constitucional

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25.10.2022

Hay quienes ven en una Constitución una pócima mágica o una panacea: un remedio universal que sirve para cualquier tipo de problema. Sin ánimo de restar su importancia, si así fuese los países de Hispanoamérica no debieran encontrarse en la deteriorada situación en que se hallan, pues han estado históricamente inclinados al cambio frecuente de cartas magnas. Las más de las veces, buscando dar salida a una crisis social. Chile no representa la excepción, aunque ha tenido menor número de mudanzas que otras naciones de la región en la materia.

Es cierto que las constituciones sirven como cauce jurídico básico para la vida social. Confieren a la sociedad un marco de principios y normas que facilitan su organización política, estableciendo derechos y deberes esenciales a........

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