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Desde finales de abril y hasta el lunes 25 de mayo (debido a una prórroga solicitada por la alianza Escucha la Amazonía), el Ministerio de Ambiente publicó para comentarios un proyecto de decreto en el que establece salvaguardas (garantías) ambientales y sociales para los proyectos de bonos de carbono. Este mercado todavía no está regulado en Colombia y ha tenido múltiples fallas que han sido denunciadas, periodísticamente, y dado lugar a sentencias judiciales. El gobierno Petro intentó hacerlo a finales de 2024, pero la resolución no fue adoptada finalmente. 

El proyecto de decreto, aunque no cumple con esa promesa, sí busca establecer un marco normativo para asegurar el respeto a los derechos de las comunidades y prevenir riesgos socioambientales durante todo el ciclo de los proyectos de bonos de carbono. La Silla Amazonía conversó con dos expertos del mercado de créditos de carbono, que desde diferentes orillas analizaron el borrador. Mientras desde la sociedad civil se ve con buenos ojos que el MinAmbiente pueda establecer la duración de los proyectos e incidir en su ejecución, desde el gremio de las empresas que hacen parte del mercado se considera una extralimitación.

Ellos son Tomás Vergara, investigador asociado en el Centro de Alternativas al Desarrollo, una ONG que busca construir alternativas participativas a los conflictos socioambientales, y Juan Sebastián Castellanos, miembro de la junta directiva de Asocarbono, el gremio de los diferentes actores que intervienen en el mercado.

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El declive del mercado de créditos de carbono

El mercado voluntario de bonos es una economía internacional basada en la venta y compra de certificados que representan la disminución de gases que calientan la atmósfera. Cada certificado equivale a una tonelada de dióxido de carbono capturada. Esto se logra por la acción que tienen los bosques y el suelo de absorber esos gases.

Los que generalmente venden dichos certificados en Colombia son las comunidades indígenas y afro que tienen la mayoría de bosques conservados en su territorio. Y los que los compran son, principalmente, empresas que quieren compensar las emisiones que hacen. En el intermedio hay otras empresas que certifican los proyectos y que hacen........

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